Buenos Aires,-El juez federal Luis Rodríguez
sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández
de Kirchner en el marco de una causa en la que
había sido acusada por supuesta insolvencia
fraudulenta para evitar embargos judiciales.
La ex presidenta había sido acusada de poner
bienes, cuentas bancarias y acciones de sociedades
a nombre de sus hijos para evitar responder a
embargos en causas penales, según denunció el
abogado Santiago Dupuy De Lome.
Sin embargo, tras una serie de medidas de prueba
el juez Rodríguez sostuvo que la cesión de
derechos hereditarios gananciales que la ex
mandataria realizara en favor de sus hijos
Máximo y Florencia Kirchner ocurrió antes de
que fuera procesada y embargada.
La denuncia radicada el 24 de octubre de 2016
invocaba notas periodísticas que daban cuenta de
la supuesta maniobra, pero la cesión hereditaria
había ocurrido mucho tiempo antes, incluso, de
que avanzaran las causas contra la ex presidenta.
Sin perjuicio de cuándo fue publicada la noticia
y de cuáles eran para ese entonces los autos
de méritos decretados en los expedientes sustanciados
en su contra, conforme se encuentra acreditado
en la presente causa mediante copias de
la escritura correspondiente- la cesión de derechos
hereditarios gananciales de la ex presidenta
en favor de sus hijos tuvo lugar el 10 de marzo
de 2016, sostuvo Rodríguez en el fallo firmado
el 17 de diciembre.
En esa fecha no solo no se encontraba procesada
-ni se había decretado embargo alguno sobre
sus bienes- sino que ni siquiera había prestado
declaración indagatoria. Sí se encontraba convocada
a hacerlo (el 26 de febrero anterior había sido
convocada para el 134 de abril siguiente) en
la causa conocida como dólar futuro, señaló el
juez en el fallo.
No resulta un dato menor señalar que la causa
denominada Los Sauces ni siquiera había sido
iniciada, afirmó el magistrado que además reseñó
que esa causa se inició recién el 4 de abril
de 2016 y Cristina Fernández no fue convocada a
prestar declaración indagatoria en estas actuaciones
sino hasta el 3 de febrero de 2017, cuando
se la citó para el 7 de marzo siguiente.
Además, el juez sostuvo que la denuncia, impulsada
por el fiscal Carlos Stornelli, tenía también
un inconveniente en relación al tipo legal: Cabe
recordar que el delito de insolvencia fraudulenta
no se tiene como objeto para punir al insolvente,
sino al deudor fraudulento que finge insolvencia
o que realiza actos dispositivos de su patrimonio
con el único propósito de eludir una obligación
civil. Ello no ocurrió.
En esa línea, Rodríguez sostuvo que no solo el
patrimonio de Cristina Fernández, sino el de la
sociedad conyugal toda se encuentra al alcance
del Estado si es que con él se debe responder a
cualquier tipo de obligación que un accionar ilícito
(que de momento no ha sido comprobado)
pudiera, en un futuro, llegar a ameritar.