Sábado 22 de Febrero del 2020



“Los que tienen que tener miedo son los narcos y los corruptos”

21/01/2019


 Buenos Aires,-La ministra de Seguridad, Patricia  Bullrich, afirmó que con el Decreto de Necesidad y  Urgencia (DNU) sobre extinción de dominio que  anunciado ayer el presidente Mauricio Macri, “los  que tienen que tener miedo son los narcotraficantes, las redes de trata, los corruptos”, porque sus  normas “van a respetar todo a las personas honestas y se les va a sacar todo a los delincuentes”. 

Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, destacó que el DNU instaura “un régimen  amplio” por el cual el proceso de extinción del dominio se tramitará en el fuero civil, en forma paralela al penal, donde se invierte la carga de la prueba y el imputado deberá demostrar que adquirió los  bienes de modo legal.
Ambos funcionarios formularon declaraciones en  el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, luego del  anuncio de la firma del decreto realizado por el  presidente Mauricio Macri.
Bullrich dijo que “hemos hemos hecho la cuenta  con el ministro de Justicia y en estos años de gobierno hemos decomisado 23.000 millones de pesos en drogas, campos, inmuebles, barcos”, monto  que “es un porcentaje mínimo de lo que podría haberse hecho si hubiéramos tenido este mecanismo  rápido, inmediato y eficaz”.
“Así que con esto, los que tienen que tener miedo  son los narcotraficantes, las redes de trata, los corruptos, porque acá se les va a respetar todo a las  personas honestas y se les va a sacar todo a los delincuentes”, remarcó.
Garavano explicó que el DNU “avanza sobre materia civil y regula a partir del Código Civil y el derecho procesal civil y comercial una forma más  ágil para que las fiscalías puedan plantear ante el  fuero civil y comercial federal la recuperación de  estos activos de las mafias, de la trata de personas,  el narcotráfico, los delitos de corrupción y la criminalidad organizada en general”, y agregó que  “hemos sido muy cuidadosos de no avanzar sobre  las competencias penales”.
“Lo que pretendemos es que la justicia civil pueda avanzar rápidamente, en forma independiente  de la justicia penal, para lograr esto que ha reclamado y viene reclamando la gente y que el gobierno ha impulsado proyectos de ley que lamentablemente en estos años no salieron, que es recuperar  lo que ha sido en definitiva sustraído de todos nosotros”, puntualizó.
Garavano ratificó que la normativa “solamente se  aplica a bienes que fueran adquiridos después de  los hechos delictivos investigados, y esto prevé un  proceso civil donde se va a discutir con amplitud  de prueba, con todas las garantías constitucionales,  si una persona es legítimamente propietaria de un  bien o no”.
El decreto establece una prescripción para la investigación de los delitos de 20 años, es decir que  alcanza a los cometidos en 1999, y no se hizo antes  porque, manifestó Bullrich, “objetivamente hace  más de tres años que estamos en la lucha por esto,  porque todos los días, por la lentitud del proceso  penal, se pierden millones y millones de pesos que  hubieran podido ser recuperados”.




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