Así lo confirmaron fuentes de la Justicia fueguina y detallaron que Quadrini realizó la imputación al suscribir un requerimiento de instrucción penal surgido de la denuncia presentada por el obrero de la construcción Mario Lovera, unas de las tres presuntas víctimas de Melella que dieron testimonio en sede judicial.
El fiscal sintetizó en su pedido de investigación, que el hecho vinculado con Lovera habría tenido lugar a mediados de 2016, en circunstancias en que el denunciante se hizo presente en el domicilio de Melella, ubicado en el barrio de Chacra II (de Río Grande) y una vez allí, el intendente lo interrogó sobre su situación laboral y le ofreció desempeñar funciones en el Municipio de esa ciudad.
El obrero declaró que, entonces, Melella lo obligó a materializar actos sexuales contra su voluntad frente al temor que implicaba negarse, dada su condición de Intendente y máxima autoridad de la ciudad. Para Quadrini, los hechos descriptos y que forman parte del expediente resultarían constitutivos del delito de abuso sexual bajo la modalidad de abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, previsto y reprimido en el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal.
La Fiscalía entendió que esa figura legal lo es sin perjuicio de las que pudieran surgir durante la investigación.