Así lo confirmaron fuentes de la  Justicia fueguina y detallaron que  Quadrini realizó la imputación al  suscribir un “requerimiento de instrucción penal” surgido de la denuncia presentada por el obrero de la  construcción Mario Lovera, unas de  las tres presuntas víctimas de Melella que dieron testimonio en sede judicial.
El fiscal sintetizó en su pedido de  investigación, que el hecho vinculado con Lovera habría tenido lugar a  mediados de 2016, “en circunstancias en que el denunciante se hizo  presente en el domicilio de Melella,  ubicado en el barrio de Chacra II (de  Río Grande) y una vez allí, el intendente lo interrogó sobre su situación  laboral y le ofreció desempeñar funciones en el Municipio de esa ciudad”.
El obrero declaró que, entonces,  Melella “lo obligó a materializar actos sexuales contra su voluntad frente al temor que implicaba negarse,  dada su condición de Intendente y  máxima autoridad de la ciudad”. Para Quadrini, los hechos descriptos y que forman parte del expediente “resultarían constitutivos del delito de abuso sexual bajo la modalidad  de abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, previsto  y reprimido en el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal”.
La Fiscalía entendió que esa figura  legal lo es “sin perjuicio” de las que  pudieran surgir durante la investigación.