DEFENSORÍA DEL PUEBLO
El Defensor del Pueblo Javier de Bedia, celebró que el Gobierno Nacional haya dado marcha atrás con la resolución que establecía un adicional en la tarifa del gas natural a partir de enero próximo, aunque observó que si bien la compensación a la industria del gas no será afrontada de manera directa por los usuarios residenciales, el costo será absorbido por el Estado, es decir por todos los ciudadanos a través de sus impuestos. Explicó que la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) el lunes hizo una presentación administrativa ante la Secretaría de Energía de la Nación, en el entendimiento de que no se podía poner en ejecución el polémico instrumento emitido por el organismo nacional por ser ilegal. Era una medida descabellada, iba contra las leyes vigentes, pero de todas maneras esta compensación la terminarán pagando todos los ciudadanos, porque se hará cargo el Estado, insistió.
Aclaró que la Defensoría tenía limitaciones legales para actuar en forma directa en este tema, pero dijo que las acciones que emprendió fueron a través de la institución que nuclea a estas entidades. Era improcedente actuar en este caso, se podría haber desconocido la legitimación activa de la Defensoría, e incluso nos podrían haber negado la personería para ejercer una representación ante Nación, puesto que la ley del organismo circunscribe su jurisdicción al ámbito provincial.
Refirió que el 18 de este mes habrá una reunión de las defensorías con el Enargas para seguir tratando este tema del gas, que agobia a todos los usuarios del servicio y sostuvo que son muchas las preguntas por hacer, por ejemplo ¿por qué el precio del gas está dolarizado?, es una cuestión que viene de años, pero la diferencia es que hoy no tenemos una ley de convertibilidad, reflexionó. Opinó que hay cosas que revisar y Enargas tienen que dar varias explicaciones para echar luz sobre esta situación polémica, acotó.
Dijo que uno de los temas a resolver es el pedido de las defensorías del Noa por una tarifa plana. Si se diera favorablemente, los usuarios tendrían una mayor previsibilidad a la hora de pagar su consumo y se evitarían las sorpresas, dijo.