ULTIMO MOMENTO:
POR SUPUESTA “ADMINISTRACION FRAUDULENTA”
Por orden del Juzgado de Control y a petición de la Fiscalía Penal N´ 4, se cumplió ayer un allanamiento en la sede ATSA donde funciona el Instituto “Miriam Gloss” en una causa por la cual se halla imputada la secretaria general Yolanda Canchi por presunta “administración fraudulenta”.
La medida se cumplió por parte de efectivos de la División Estafa y Defraudaciones de la Brigada de Investigaciones, y con el fiscal Aldo Lozano supervisando el dispositivo tendiente a colectar pruebas de interés para la causa.
Se buscaba documentación relativa al período 2008-2017, conforme la denuncia presentada por la entonces secretaria adjunta Hilda Soto.
Paradógicamente, el operativo se realizó durante una jornada en la que la entidad lleva adelante las elecciones de renovación de autoridades, donde tanto Canchi como Soto se presentan para la secretaria general.
De acuerdo a lo que surge del expediente Judicial, los policías buscaban además de documentación, soportes informáticos, pen drive, celulares, tablets, PC, notebook, CD, DVD, memorias, etc.
Así también libros de inventario, balances, planillas, libro de acta, facturas, matrículas, entre otros papeles, todo relativo al Instituto “Miriam Gloss”.
De acuerdo al instrumento fiscal, se habría “cometido maniobras frauduilentas en su propio beneficio económico en contraste perjuicio de los afiliados” durante el período antes sindicado.
Observa además que “sus dependientes fueron instados a omitir el registro total de los ingresos percibidos de inscripción, pago de seguros y permisos de examen abonados por los alumnos de las diferentes carreras del Instituto Miriam Gloss, apropiándose en beneficio de los instados, de las sumas percibidas ardidosamente no declaradas ni documentadas en los balances respectivos”.
Se añade que dicha maniobra fue “con falsedad, ocultamiento de montos totales o parciales de ingresos sin documentación que legalmente lo respalde. Además de obtener un lucro indebido ocasionando perjuicios patrimoniales y financieros a la totalidad de los afiliados”.
Más adelante se expresa que “surge del tenor de las denuncias y sus ratificaciones formuladas... la existencia de elementos sólidos y relevantes para la causa, que ameritan ... la medida procesal de allanamiento y registro sobre el inmueble para lograr la recolección de evidencias digitales, documentales e instrumentales ... a los efectos de lograr el esclarecimiento del hecho ilícito sujeto a investigación”.
Finalmente se enfatiza desde la Fiscalía, “se corrobora una base probatoria que acredita la existencia del hecho y una sospecha de la participación de los inculpados... quienes habrían pergeñado y concretado maniobras defraudatorias de naturaleza económica a su favor con claro perjuicio de los afiliados”.
