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El juez en lo Penal Económico, Rafael Caputo, dispuso ayer el levantamiento del secreto bancario en una causa por lavado de dinero en la que se investiga a los gremialistas Hugo y Pablo Moyano, a la federación de Camioneros y a empresas privadas como el correo OCA, informaron fuentes judiciales.
La decisión se produjo en el marco de un expediente iniciado en enero de este año a partir de una denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) tras recibir un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) que enumeraba sospechosas trasferencias entre los denunciados. En el informe que originó la denuncia se consignaban movimientos financieros desde 2008, como por ejemplo una donación de más de 6 millones de pesos del correo privado OCA a la mutual y al club de Camioneros, según detallaron fuentes de la investigación.
La denuncia había sido presentada por Gabriel Pérez Barberá, titular de la Procelac, y refería a hechos que ‘podrían resultar constitutivos del delito de lavado de activos‘ y evasión tributaria ‘sin perjuicio de otras hipótesis delictivas que podrán surgir de la investigación‘. El pedido de investigación impulsado por la Procelac alcanzó a las sociedades Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales, Pertenecer, Grupo Damasco, Beldora Argentina y Automóviles Améndola.
También al Club Deportivo y la Asociación mutual de Camioneros, Patricio Nicolás Farcuh, Alejandro Ginevra, Ernesto Alejandro Améndola y a ‘toda otra persona física o jurídica que haya intervenido en el accionar ilícito que se describirá, en especial las del denominado ’grupo Rhuo’‘.
