Domingo 16 de Febrero del 2020



Y A OTROS IMPLICADOS EN EL CASO ODEBRECHT

Citan a indagatoria a De Vido y Calcaterra

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó ayer a declaración indagatoria a 49 acusados -entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Ángelo Calcaterra y el ’lobbista’ Jorge ‘Corcho‘ Rodríguez-, en la investigación por presunto pago de sobornos para adjudicar el soterramiento del tren Sarmiento a un consorcio de empresas integrado por la brasileña ‘Odebrecht‘ durante el kirchnerismo.

20/04/2018


El juez federal  Marcelo Martínez De Giorgi citó  ayer a declaración indagatoria a 49  acusados -entre ellos el ex ministro  de Planificación Julio De Vido, el  empresario Ángelo Calcaterra y el  ’lobbista’ Jorge ‘Corcho‘  Rodríguez-, en la investigación por  presunto pago de sobornos para adjudicar el soterramiento del tren Sarmiento a un consorcio de empresas  integrado por la brasileña ‘Odebrecht‘ durante el kirchnerismo.Las pruebas, según sostuvo el juez,  ‘permiten sustentar el estado de sospecha instaurado en torno a los sucesos acaecidos en relación al proceso  licitatorio en cuestión, que se vinculan de manera directa con los pagos  efectuados por parte de la empresas‘  a entonces funcionarios públicos, según la resolución a la que accedió  Télam, firmada en una de las causas  que se tramita en la Justicia argentina  a raíz del escándalo del ‘Lava Jato‘  brasileño. Martínez De Giorgi citó a  De Vido -preso ya en la causa por corrupción en Rio Turbio-, a los ex secretarios de Transporte de la Nación,  Ricardo Jaime (también detenido) y  Juan Pablo Schiavi, y al ex funcionario de Planificación Roberto Baratta,  en un extenso listado que incluye  además al ex secretario de Obras Públicas José López, sorprendido cuando intentaba esconder bolsos con millones de dólares en un monasterio  de General Rodríguez.

 En cuanto a los empresarios, serán  indagados integrantes de IECSA SA,  Ghella SA, Odebrecht y CAESA SA,  las empresas del consorcio que se adjudicó las obras. Entre los citados están el primo del presidente Mauricio  Macri, Ángelo Antonio Calcaterra, y  Santiago Altieri (de IECSA SA),  Gianvincenzo Coppi y Mario Blanco  (de Ghella SA) e Ignacio Soba Rojo  (de CAESA SA).
 La ronda de indagatorias arrancará  el 6 de junio próximo a las 11 con De  Vido y se extenderá hasta el 17 de  octubre, fecha de citación para ’Corcho’ Rodríguez, imputado como supuesto ‘intermediario‘ entre los entonces funcionarios públicos y Odebrecht. La investigación comenzó en  marzo de 2016 por una denuncia de  Graciela Ocaña a raíz de informes  surgidos en medio del escándalo brasileño del ‘Lava Jato‘, tal como se  denominó al pago de multimillonarios sobornos por parte de Odebrecht  para adjudicarse obra pública en distintos países.
 Según un informe de la Policía de  Brasil, dos de las empresas del consorcio vinculadas al ahora preso Jaime y a su también detenido ‘asesor‘  Manuel Vázquez habrían sido usadas  para el pago de sobornos por parte de  Odebrecht mediante la cuenta off  shore de la empresa ‘Klienfeld Service LTd‘. ‘Los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados en  autos, emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron  la UTE contratada y se presentan, a  la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular‘ de la licitación, remarcó el juez en la resolución.
El juez advirtió que ‘se observa  que, en lo que respecta a la obra para  soterrar el Ferrocarril Sarmiento, por  el momento, se ha podido distinguir  que los pagos en cuestión se habrían  materializado de dos maneras‘. La  primera consistía en ‘pagos a la empresa CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes‘  y la otra se realizaba ‘mediante  transferencias que se enmarcan en el  esquema internacional de pago de  coimas montado por el Grupo Odebrecht a través de su División de  Operaciones Estructuradas, concretamente materializadas desde y hacia  cuentas radicadas en el exterior a  nombre de empresas offshore‘.
Documentos secuestrados en distintos allanamientos e informes de la  AFIP pedidos en la investigación  permitieron establecer que ‘tanto las  empresas COMSA S.A. como IECSA S.A., registraron operaciones con la empresa CAESA S.A., al menos durante los años 2005 a 2009, en concepto de ’servicios de consultoría’‘.




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