El gobierno de Chile ordenó ayer a las autoridades de Carabineros (policía militar) que aceleren la investigación interna sobre supuesta manipulación de pruebas en el arresto de un grupo de activistas mapuches sospechosos de terrorismo.
Lo anunció el ministro del Interior, Mario Fernández, tras reunirse esta tarde con el director de Carabineros, general Bruno Villalobos.
Fernández afirmó que evaluó con Villalobos el estado de situación del caso y subrayó que le instruyó que acelerara la investigación interna en la fuerza.
El ministro reiteró lo que ya había dicho la presidenta Michelle Bachelet al respecto: que hay un asunto grave que se debe resolver.
La semana pasada, la Fiscalía anunció que investigaba a Carabineros por supuesta manipulación de pruebas en la operación Huracán, realizada el 23 de septiembre pasado y en la que fueron arrestados ocho activistas mapuches sospechosos de terrorismo.
Según Carabineros, en esa operación se hallaron mensajes telefónicos en los cuales los detenidos supuestamente conversaban sobre tráfico de armas desde la Argentina con el objeto de perpetras atentados.
Sin embargo, los acusados dijeron desde el primer momento que esos mensajes no eran reales y fueron falsificados por los uniformados.
El viernes pasado, la Fiscalía denunció que Carabineros impidió un allanamiento a su sede en Temuco, a unos 680 kilómetros al sur de Santiago, en relación con el caso.
Villalobos regresó ayer a la mañana a Santiago, luego de que Bachelet le ordenara el lunes que interrumpiera sus vacaciones en Miami para ocuparse del tema.
El martes, el gobierno anunció que se opondrá al sobreseimiento definitivo del caso y el fiscal regional Carlos Palma citó a Villalobos para que hoy declare como testigo.
OPERACIÓN HURACÁN
Santiago de Chile,-La intendencia de la Región de La Araucanía argumentó ante tribunales que la investigación de la llamada Operación Huracán, iniciada contra un grupo de mapuches en Chile, no se encuentra agotada.
El viernes pasado el Ministerio Público de esa región cerró la causa, en la que se indagaban a ocho personas por presuntos atentados en La Araucanía, tras determinar supuestas irregularidades en las pruebas aportadas por las unidades de inteligencia de carabineros chilenos.