ULTIMO MOMENTO:
CUMPLIRÁ LA PENA EN SU MANSIÓN
El empresario Marcelo Bahía Odebrecht, considerado el máximo corruptor confeso de Brasil, salió ayer de la cárcel luego de 2 años y medio para terminar de cumplir su condena de 19 años en arresto domiciliario, dentro de su mansión de 9 millones de dólares en la ciudad de San Pablo.
El ex presidente de Odebrecht dejó la cárcel de la Policía Federal en Curitiba, sede de la Operación Lava Jato, y abordó un jet privado que lo llevó hasta San Pablo para instalarse en el barrio de Morumbí.
Condenado a 19 años de prisión, Odebrecht recibió el beneficio de la delación premiada, ya que 77 ejecutivos de la empresa revelaron este año haber pagado sobornos y financiado campañas ilegalmente a cambio de aliviar la pena del “Príncipe de las constructoras”.
Hasta 2020, Odebrecht tendrá arresto domiciliario y luego deberá cumplir un régimen semiabierto.
Ahora, el heredero del grupo no forma parte del consejo de administración y entre sus limitaciones está la cantidad de personas que puede recibir en su mansión: apenas 15, todos debidamente registrados ante la justicia.
Cuando salió de la prisión para ponerse la tobillera, por la mañana, el magnate fue insultado por un grupo de manifestantes que apoyan al juez Moro al grito de “bandido”.
“Marcelo hizo una opción existencial. Decidió colaborar y se preocupó con dos cosas: el progreso del régimen de detención para volver a la convivencia familiar y en hacer efectiva su delación”, dijo Marcelo Bulhoes, el abogado del heredero de Odebrecht.
La detención de Odebrecht, a mediados de 2015, fue el gran golpe del juez Sérgio Moro, porque era considerado un intocable en medio de la escalada de denuncias y acusaciones de la fiscalía sobre los contratos de las constructoras en Petrobras.
Marcelo fue quien instituyó la oficina de sobornos de Odebrecht y fue el último de su familia y de sus colegas empresarios de la ingeniería civil en firmar un acuerdo de delación, al que consideraba públicamente una debilidad.
Moro lo detuvo luego de que se le interceptaran correos electrónicos en los cuales ordenaba a sus ejecutivos destruir archivos sobre sobornos a cambio de lograr mayores contratos o sobreprecios en obras publicas, tanto a nivel federal, estadual o municipal.
