ULTIMO MOMENTO:
La Justicia española dio ayer un golpe de efecto en el arranque de la campaña para las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, al retirar las órdenes europea e internacional de detención contra el ex presidente Carles Puigdemont, quien por ahora no asumirá el riesgo de regresar a España.
Los partidos independentistas consideraron que la decisión judicial es una “trampa”, mientras la oposición ‘constitucionalista‘ celebró la medida por considerar que contribuye a “normalizar” la campaña y resta argumentos de ‘victimismo‘ a los secesionistas.
El juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena adoptó la decisión por razones jurídicas, para evitar que Puigdemont y los cuatro ex consejeros de su gobierno cesado que permanecen con él en Bruselas se pudieran beneficiar de una extradición para ser juzgado sólo por algunos de los delitos que se le imputan: rebelión, sedición y malversación.
No obstante, la medida tiene también trascendencia política y electoral, puesto que el ex presidente y candidato de Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña) ya no puede esgrimir tan claramente que no puede regresar a España para hacer campaña en Cataluña.
El juez Llarena valoró el cambio de escenario, con las elecciones en el horizonte, y remarcó que “los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se presentaron recientemente”.
Pero la medida judicial tiene alcance europeo e internacional. En caso de regresar a Cataluña, los independentistas serán detenidos y llevados ante el Tribunal Supremo.
El magistrado puede tomar la decisión de dejarlo en libertad bajo fianza, como ocurrió con seis de los procesados, quienes ayer abandonaron la cárcel coincidiendo con el inicio de la campaña.
Pero lo más probable es que, por su liderazgo en el proceso, Puigdemont correría la misma suerte que su ex vicepresidente Oriol Junqueras, el ex consejero de Interior Joaquim Forn, y los líderes secesionistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, quienes siguen en prisión por participar de forma directa en la ‘explosión violenta‘ que, según el juez, tuvo lugar en torno al frustrado intento de secesión.
En este contexto, Paul Bekaert, el abogado belga de Puigdemont, afirmó hoy en declaraciones al diario belga L’Echo que su cliente “no se irá de Bélgica”, porque la orden de arresto sigue vigente en España.
