Puigdemont renunció al diálogo

El ex presidente del  gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont cuestionó ayer la  prisión preventiva que la Audiencia  Nacional de España dispuso para  ocho de sus ex consejeros y acusó a  los partidos constitucionalistas de  desearles la cárcel.

“El legítimo gobierno de Cataluña  encarcelado por sus ideas y por haber sido leales al mandato aprobado  por el Parlamento de Cataluña”, escribió Puigdemont en un mensaje en  su cuenta de la red Twitter, con una  foto en la que se lo ve en una mesa  rodeado de allegados.

“El clan furioso del 155 nos quiere  en prisión. El clamor sereno de los  catalanes es de libertad”, añadió en  un segundo mensaje, también en catalán, ilustrado con una fotografía de  una concentración independentista.

Poco después difundió un video, a  través de la televisión pública catalana TV3, en el que advirtió que constituye “un error muy grave, un gravísimo atentado a la democracia” la  decisión de la justicia, con la que,  evaluó, “el gobierno español renuncia a la democracia”.

“En lugar de apostar por el diálogo  opta por la violencia policial y por  los encarcelamientos y por la vía de  la represión. Es un golpe contra las  elecciones” regionales convocadas  por Madrid para el 21 de diciembre,  advirtió, y lamentó que esos comicios vayan a realizarse “en un clima  de represión”.

En un concepto que parece reafirmar su intención de internacionalizar la disputa, Puigdemont subrayó  que la pulseada en la región “ya no  es un asunto interno español” y juzgó que “hace falta que la comunidad  europea se de cuenta del peligro que  representan estas actitudes”. 

Puigdemont, en Bélgica desde el  lunes pasado junto a otros cuatro ex  consejeros (Clara Ponsatí, Antoni  Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret), reaccionó con estos comentarios a la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de  enviar a prisión al cesado gobierno  de Cataluña.

Lamela dispuso la prisión provisional sin fianza para el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete ex consejeros y prisión eludible bajo fianza de 50.000  euros para el también ex consejero  Santi Vila, que renunció antes de la  declaración unilateral de independencia del viernes pasado.

La juez también aplazó su decisión  acerca de ordenar la detención de  Puigdemont y de los cuatro ex consejeros que están en Bruselas.

Puigdemont, que contrató en Bélgica a un abogado experto en procesos  de extradición y derechos humanos,  se había expresado públicamente por  última vez ayer, también a través de  Twitter, con un mensaje en el que recordaba la “violencia” del referéndum del 1 de octubre y dijo que seguiría trabajando “a pesar de las  amenazas pasadas y presentes”.

Desde Bélgica, el abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, había anunciado ayer que el ex jefe regional no  iría a la Audiencia Nacional y sugirió que fuese interrogado en la capital belga, aunque no hay constancia  de que hiciera la solicitud formal.

La primer ministra escocesa, la independentista Nicola Sturgeon, consideró que es “erróneo” dictar penas  de prisión a “líderes electos”, después de que una juez española haya  establecido prisión sin fianza para  nueve miembros cesados del gobierno regional catalán.

 


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