El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dio ayer un ultimátum al líder secesionista catalán Carles Puigdemont para que aclare en cinco días como máximo si declaró la independencia de Cataluña, antes de avanzar en la aplicación de medidas extraordinarias contempladas en el artículo 155 de la Constitución, que llevarían a una inédita intervención del autogobierno regional.
En su requerimiento, el gobierno español da hasta el 16 de octubre a las 10 de la mañana para que Puigdemont confirme si alguna autoridad o él mismo en el parlamento regional declaró la independencia de forma unilateral, más allá de que la medida haya quedado suspendida, y fija un segundo plazo, hasta el jueves 19 de octubre, para que, en caso afirmativo, rectifique y evite la actuación del Estado.
De esta forma, se abre un paréntesis que contribuye a rebajar la tensión sin que ni el gobierno de Cataluña ni el gobierno de España hayan retrocedido en sus planteamientos de máxima.
Rajoy movió esta ficha ante el complejo e incierto escenario en el que quedó Cataluña tras la esperada comparecencia en el parlamento catalán de Puigdemont, quien afirmó que tras el referéndum del 1 de octubre tenía mandato del pueblo para declarar la independencia, pero al mismo tiempo pidió una suspensión de la declaración para intentar abrir un cauce de diálogo y negociación para una “solución acordada”.
El presidente regional, quien frenó una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) pactada con sus socios anticapitalistas de la CUP, reclamó que los Ejecutivos de Barcelona y Madrid aborden “un diálogo sin condiciones”, según subrayó en una entrevista que publicó la cadena CNN, que fue realizada antes de conocerse la exigencia de Rajoy.
“Nosotros no hemos renunciado absolutamente a nada, hemos dado un tiempo muerto para explorar el diálogo; no es un paso atrás ni una renuncia”, dijo por su parte el vocero del gobierno catalán, Jordi Turull.
“Si aplican el 155 quiere decir que no quieren dialogar y quedará claro que hemos de ser consecuentes con nuestros compromisos”, advirtió Turull refiriéndose a que avanzarán hacia la ruptura.
La mínima esperanza de que el mandatario accediera a la pretensión de los secesionistas de negociar sobre la autodeterminación no solo quedó sepultada con la activación del artículo 155 de la Carta Magna, sino con sus posteriores palabras en el Congreso de los Diputados, donde Rajoy afirmó que “no es posible aceptar, bajo la apariencia de diálogo, la imposición de puntos de vista que se hacen imposible aceptar”.
“Tampoco puede negociarse sobre la soberanía del conjunto de España y la indivisibilidad de la nación española. Eso lo tiene que tener en cuanta los mediadores de buena voluntad que se han ofrecido”, sostuvo Rajoy, rechazando dialogar sobre un referéndum de autodeterminación y en un marco de “desobediencia”.
Horas antes el líder conservador compareció en el Palacio de La Moncloa, sede del Ejecutivo de Madrid, para anunciar la decisión que posiblemente marcará para siempre el futuro del país, que atraviesa su mayor crisis política e institucional desde la recuperación de la democracia.
“El Consejo de Ministros ha acordado requerir formalmente al Govern de la Generalitat (gobierno catalán) para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor”, explicó el presidente del gobierno.
