En una nueva escalada del conflicto entre Madrid y Barcelona, el Tribunal Constitucional de España decidió ayer suspender la sesión que el Parlamento catalán había convocado para el próximo lunes para concretar la tan prometida Declaración Unilateral de Independencia, rechazada por el Rey y el gobierno central de Mariano Rajoy, pero ratificada por las autoridades catalanas.
La resolución del máximo tribunal de justicia de España reavivó la pulseada que mantiene en vilo al país y alimentó el clima de incertidumbre, especialmente luego de que la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, reconociera que aún no decidió “lo que hacer el lunes”. “Pero aquí se hablará de todo”, prometió.
Sin saber qué sucederá en cuatro días, las principales organizaciones civiles independentistas de Cataluña, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, llamaron ayer a una movilización popular el próximo lunes para apoyar la sesión del parlamento regional. Además, pidieron respetar la convocatoria de sectores nacionalistas contrarios a la secesión para el domingo y evitar enfrentamientos.La organización política Sociedad Civil Catalana llamó ayer a manifestarse a favor de la unidad de España en el centro de Barcelona y rápidamente la asociación Empresarios de Cataluña adhirió a la convocatoria.
En medio de este clima de creciente tensión, la segunda fuerza del país, el Partido Socialista Español (PSOE) dejó de lado las ambigüedades y se lanzó al ataque de la aventura independentista catalana.
Primero la rama del partido en Cataluña presentó el amparo que provocó el fallo de ayer del Tribunal Constitucional de España y luego, el secretario general de la fuerza, Pedro Sánchez, celebró el fin del plan del gobierno catalán de declarar la independencia.
“Evitamos un paso irreversible hacia el conflicto y ganamos tiempo para el diálogo en la Comisión parlamentaria”, escribió en su Twitter.
Los socialistas catalanes habían decidido reaccionar luego que el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, anunciara su voluntad de analizar la abrumadora victoria del “Sí” del referéndum del domingo pasado ante el Parlamento regional.
Más tarde, la CUP, un partido anticapitalista que acompaña al gobierno de derecha de Puigdemont en esta cruzada independentista, había anunciado que en esa sesión se declararía finalmente la secesión del Estado de España.
Los socialistas catalanes decidieron entonces impugnar la sesión ante la máxima corte del país y argumentaron que todo el proceso se basó en la Ley del Referéndum, aprobada el 6 de septiembre pasado e ilegalizada poco después por ese mismo tribunal.
El gobierno central de Rajoy respondió ese mismo domingo reprimiendo a todos las personas vinculadas con la consulta popular ilegal y el saldo final de una de las jornadas más violentas de las últimas décadas en España terminó con casi 900 heridos.
El presidente del gobierno español ratificó ayer que no abrirá un diálogo con el gobierno catalán hasta que éste abandone su intención de declarar unilateralmente la independencia y defendió su decisión de reprimir el domingo.
“Hice lo que creía que debía de hacer, y ahora, porque es mi obligación y porque para eso soy el presidente del gobierno de España, haré lo que crea que deba de hacer, lo que crea que sea mejor para España y en el momento que me parezca más oportuno”, aseguró en una entrevista con la agencia de noticias estatal EFE.
