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ODEBRECHT
El juez federal Sebastián Casanello citó ayer a declaración indagatoria al ex titular de la estatal AYSA en el kirchnerismo, Carlos Ben, y a los empresarios de la construcción Carlos Wagner y Aldo Benito Roggio, entre 28 convocados en la investigación por presunto direccionamiento y pago de sobornos en la adjudicación de obras, en el marco del escándalo del “Lava Jato” y la brasileña Odebrecht.
Además el magistrado ordenó la inhibición general de bienes para todos los citados y la realización de informes sobre la evolución patrimonial de cada uno.
Con esta decisión, la causa que investiga las obras de Aysa se convierte en la primera en la cual se ordenaron indagatorias, de entre las que se tramitan en los tribunales federales de Retiro a raíz del escándalo del “Lava Jato”. El juez sostuvo contar con prueba suficiente para llamar a los sospechosos a que se defiendan y evaluó que hay evidencia para sostener que la adjudicación de las obras de la planta potabilizadora “Juan Manuel de Rosas” en el Paraná de las Palmas, en el 2008 y la “Depuradora del Bicentenario” en Berazategui, en 2007, constituyó “un montaje de la licitación pública como una mera puesta en escena”.
“La prueba reunida indica que las contrataciones estuvieron previamente direccionadas, de modo que la sujeción a la regla de la licitación pública fue tan sólo una puesta en escena para disfrazar negocios previamente acordados”, sostuvo el magistrado.
Casanello aludió a las “muchas y groseras irregularidades” en las contrataciones investigadas, al hacer lugar a un pedido de indagatorias presentado por el fiscal del caso, Federico Delgado.
Las citaciones arrancarán el 1 de noviembre en los tribunales federales de Retiro con el empresario Eduardo Miguel Blomberg y terminarán el 14 de diciembre, fecha en la que tendrá que concurrir el ex titular de la empresa estatal de agua, Carlos Ben, según el cronograma ordenado en el juzgado.
Para el 1 de diciembre fue citado Aldo Benito Roggio, para el lunes 4 de ese mismo mes, Carlos Wagner; en tanto que las indagatorias cerrarán con los ex funcionarios de AYSA, Raúl Biancuzzo, el miércoles 13 y su ex titular Ben, el jueves 14.
Al fundamentar su decisión, el juez sostuvo que los contratos para las obras cuestionadas en el Paraná de las Palmas y en Berazategui “terminaron siendo suscriptas por montos superiores al presupuesto oficial, ello sin que se encuentren debidamente justificados los motivos”.
Además, al enumerar las evidencias, sostuvo que aún antes de que AYSA hiciera pública su voluntad de realizar esas contrataciones, se habían comenzado a tramitar por parte de las empresas líneas de crédito, “lo que evidencia acuerdos preexistentes y desnuda el montaje de la licitación pública como una mera puesta en escena”.
“Deberán ser convocados a ejercer su derecho de defensa las personas que en el marco de sus competencias propias contribuyeron al direccionamiento y a la generación de mayores costos para la Administración Pública en beneficio de los contratistas privados”, agregó el juez.
En ese listado incluyó “a los ex presidentes de la Agencia de Planificación -APLA-, dada su función de coordinar integralmente la planificación de las obras de expansión y mejoramiento del servicio, controlar la elaboración de los proyectos y el desarrollo de las obras”.
