Martes 18 de Junio del 2019



DERIVACION A JUECES Y FISCALES ACTUANTES

El Poder Judicial recibió la recomendación de la CIDH

El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy recibió la resolución dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a la medida cautelar solicitada en favor de Milagro Salas, recomendando la adopción de medidas alternativas a la detención preventiva, entre ellas el arresto domiciliario.

03/08/2017


 El Superior Tribunal de Justicia de  Jujuy recibió la resolución dictada  por la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos (CIDH) en relación a la medida cautelar solicitada  en favor de Milagro Salas, recomendando la adopción de medidas alternativas a la detención preventiva, entre ellas el arresto domiciliario.

 El máximo órgano judicial de la  Provincia remitirá a su vez el expediente a los jueces y fiscales actuantes en las causas que mantiene con  prisión preventiva a la referente de la  organización social Tupac Amaru,  acusada por los delitos de “fraude a  la administración pública”, “asociación ilícita” y “tentativa de homicidio”.
 Se trata de los jueces de Control N´  1 Dr. Gastón Mercau y del Juzgado  de Instrucción de Causas N´ 2 Dr. Pablo Pullen Llermanos. El primero de  ellos investiga el desvío millonario  de fondos públicos que eran manejados por Sala y su organización social, como así también la denominada causa “Pibes Villeros” donde se  adjudica a la dirigente la creación de  una cooperativa sólo dedicada al retiro de recursos de casas bancarias  con maniobras que buscaba eludir el  control fiscal. Mientras que Pullen  Llermanos la investiga por el expediente conocido como “Balacera de  Azopardo” hecho ocurrido en el año  2007, cuando se intentó ultimar a Alberto “Beto” Cardozo y en dicho enfrentamiento fue herida de bala una  niña de 8 años de edad.
 El documento de la CIDH fue remitido formalmente el miércoles por  el Ministerio de Justicia y Derechos  Humanos de la Nación y por el Poder  Ejecutivo Provincial a la presidenta  del máximo tribunal de justicia provincial, Clara Aurora De Langhe de  Falcone. Desde el Poder Ejecutivo se  emitió el Decreto 4448-G- del 2 de  agosto último, con las firmas del gobernador Gerardo Morales, y el ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi. 
 La comunicación señala en sus  considerandos que ‘pese a conocer  que las condiciones de detención de  la señora Milagro Sala se adecúan a  estándares internacionales aplicables, en la resolución de la CIDH se  citan situaciones de gravedad o urgencia, o riesgos de daños irreparables a la vida e integridad de la persona; ergo, sin perjuicio de dejar en  claro que el Ejecutivo Provincial de  ninguna manera las reconoce, no  puede admitirlas con sustentos en extremos objetivos, ni las comparte‘.  No obstante ello, por ‘respeto irrestricto al sistema republicano de división de poderes se pone en conocimiento del Poder Judicial la Resolución Nº 23/2017, para que se  consideren los requerimientos concretados‘.




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