ULTIMO MOMENTO:
MOISES RECUSA Y OTROS SE EXCUSAN
La causa por las irregularidades del matadero municipal de San Pedro durante la anterior gestión de Julio Moisés, se halla sin juez competente debido a una recusación planteada por la defensa o por inhibición de otros. En la misma situación se halla el otro expediente que también implica a ex funcionarios y que investiga el desvío de fondos asignados a la compra de computadoras para el CIC de la Nueva Ciudad.
El Agente Fiscal de Investigación Penal N´ 12 Ernesto Lian Resúa, quien por estos días se aboca al caso de Alejandra Oscari, reveló que el expediente por el cual se hallan imputado el ex intendente Moisés y su hijo Federico, se encuentra estancado debido a los planteos de recusación o de inhibición de algunos magistrados.
Ambos están imputados de los supuestos delitos de “Asociación ilícita, Peculado, Fraude a la administración pública, y Hurto‘, absteniéndose de declarar cuando acudieron a prestar declaración indagatoria a principios de diciembre de 2016, y para evitar sus detenciones, ofrecieron una caución que fue valorada por el fiscal.
Recordemos que por el hecho, el 30 de noviembre de 2016 quedó detenido el ex encargado del matadero municipal Atilio Castañeda, quien aportó como elementos de prueba un audio en el cual sostiene una conversación con los Moisés ante lo que era su inminente detención. Padre e hijo le recomiendan qué decía declarar en sede tribunalicia, mientras Castañeda admitía que la plata del matadero se la llevaba a ambos.
De acuerdo a la denuncia del actual intendente Julio Bravo, el matadero municipal carecía de registros de ingreso de dinero por el servicio de faena y que toda la recaudación iba a una caja negra, tal cual declaró el ex encargado.
Lo cierto es que el ex intendente recusó al juez Jorge Osvaldo Samman por enemistad manifiesta, la causa pasó al juez Jorge Marcelo Ibañez, quien a los pocos días se excusa, girando el expediente a la jueza Ana Carolina Pérez Rojas. Esta resolvió una cuestión de incompetencia negativa en el sentido que objetó los argumentos de Ibañez para inhibirse.
Por lo tanto, el expediente pasó a la Cámara de Apelaciones y Control que debe resolver a quién le corresponde hacerse cargo. Una situación similar presenta la causa del CIC, que prácticamente estaría esclarecido y con responsabilidades determinadas por parte del fiscal José Alfredo Blanco, pero que también carece de magistrado.
En el caso del matadero, el fiscal Resúa manifestaba “esperamos una definición porque no podemos avanzar ya que se están planteando nulidad de determinados elementos de prueba y declaraciones que se hicieron, que de avanzar o surja alguna nulidad, hará que todo vuelva para atrás”.
El fiscal también entiende las denuncias por retención de pago de Impuesto a las Ganancias e Ingresos Brutos que le costó al municipio embargos millonarios, y una tercera, por el pago sin documentación respaldatoria de 3 millones de pesos a cooperativas de trabajo, entre el 9 y 10 diciembre de 2015, horas antes de la asunción de Bravo.
