La Fiscalía de Investigación Penal N´ 8 recurrirá en los próximos días la resolución del Juzgado de Control que no hizo lugar al requerimiento de juicio oral y público contra los ex funcionarios del Instituto de Seguros de Jujuy, Daniel Palumbo y Martín Ugarte, y ordenara la profundización de las pesquisas en búsqueda de mayores elementos probatorios. También conviene citar que el juez de la causa resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa de los imputados.
Según se pudo conocer ayer, el fiscal Dr. Alejandro Bosatti adelantó que planteará una apelación al dictamen del juez de Control N´ 3 Dr. Gastón Mercau, en cuanto al desistimiento del pedido de juicio oral solicitado por la Fiscalía, al considerar que oportunamente en su escrito dio fundamentos válidos y suficientes para que el expediente sea elevado a la instancia siguiente de audiencias de debate en juicio.
Además, el Agente Fiscal ya había librado oportunamente resolutorio rechazando la petición de sobreseimiento planteado por los abogados Luis Canedi y Campos, representantes legales de Palumbo, lo cual fue ratificado por el juez Mercau en fecha reciente.
Según la defensa, no existía delito porque ‘los precios pagados para la ejecución de la obra, la construcción de la delegación La Quiaca, se ajustaban a los precios de mercado y que durante la misma hubo algunas modificaciones que motivaron que se alterara el precio de la obra‘, motivo por el cual entendió que no existía delito y por lo tanto debía dictarse el sobreseimiento de Palumbo.
Pero el fiscal Bosatti sostiene que hubo sobreprecios en al menos dos expedientes, de otros tantos que fueran denunciados por legisladores radicales en el año 2015. Consideró que se realizaron licitaciones a medida de algunas empresas favorecidas, concediéndoles contratos por más de 237 millones de pesos para la prestación de servicios a los afiliados del ISJ.
Sospecha además la presunta existencia de vínculos entre los ex funcionarios y las empresas tercerizadas que demostrarían intereses creados en torno a las adjudicaciones.
Conviene señalar que hay otros expedientes de la obra social que están siendo auditados por técnicos de la Oficina Anticorrupción, hallándose a prima facie el mismo modus operandi, por lo que serían remitidos en breve al despacho del fiscal.
Palumbo se halla imputado de los supuestos delitos de “Abuso de autoridad y Fraude a la administración pública”. Canedi indicó respecto al abuso de autoridad, que “no es tal, porque esta presunta comisión de delito está basado en las inobservancias de normas procedimientales para llevar adelante el proceso de selección de contratistas y ejecución de la obra, pero esta es una situación que no configura hecho delictivo porque estas inobservancias son de interés del órgano de contralor del Estado”.
