DERECHOS HUMANOS
El polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilitó el beneficio de 2x1 para el cómputo de pena en un caso de lesa humanidad provocó la reacción de todo el arco político y la sociedad en general. Movilizaciones, denuncias penales, pedidos de juicios políticos y hasta un proyecto consensuado entre el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados y Senadores para frenar las consecuencias de esta decisión son algunas de las medidas que se desencadenaron en las últimas horas.
La Cámara de Diputados, a partir de un acuerdo entre el oficialista frente Cambiemos y los distintos bloques de la oposición, se encaminaba anoche a aprobar un proyecto de ley que aclara y limita la aplicación del cómputo de pena de dos años por uno para los autores de delitos de lesa humanidad, tras la controversia generada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte la cámara de Senadores del oficialismo y de la oposición acordaron celebrar hoy una sesión especial para debatir un proyecto de ley que limite la aplicación del 2x1 en delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, la ausencia de varios legisladores conspira contra la posibilidad de llevar a cabo ese plenario.
La decisión se tomó ayer mientras la Cámara de Diputados debatía un texto que establece que la Ley 24.390 no será aplicable a los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra, de acuerdo con lo contemplado en convenios internacionales.
En una sesión especial, en Diputados, convocada para tratar una serie de acuerdos internacionales, la oposición pudo imponer que se abra el debate para fijar los alcances de la Ley 24.390, que fue derogada en 2001 y que beneficiaba a los detenidos con prisión preventiva por plazos superiores a 2 años, computándoles por cada día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión.
El proyecto que sería aprobado por la Cámara baja deja en claro que de acuerdo a la ley 27156 el beneficio de la denominada ley del 2x1 no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional.
Asimismo, remarca la ley que el cómputo de las penas establecido en la ley 24.390 será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley.
Con la presencia en el recinto de la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y representantes de Madres de Plaza de Mayo, la Cámara de Diputados tuvo ayer un fuerte debate por el controvertido fallo de la Corte Suprema que benefició Luis Muiña, el represor beneficiado con el 2x1.
Remo Carlotto (Peronismo para la Victoria) calificó como un fallo vergonzoso por parte de la Corte, en particular los votos positivos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco que favorecieron al represor.
Victoria Donda (Libres del Sur), hija de desaparecidos, advirtió que hoy le toca a la política, al poder democrático, a aquellos que fuimos elegidos, nos toca decirle a la sociedad que no vamos a permitir que se quiera levantar un muro de impunidad en nuestro país.
Acto seguido, el macrista Pablo Tonelli aplaudió el consenso alcanzado entre los distintos sectores políticos para que la norma sólo pueda beneficiar a aquellos que plantearon el recurso durante el lapso de vigencia de la ley mientras que quienes antes o después de la vigencia de la ley no deberían verse beneficiado por la aplicación del 2x1.
Sin embargo, el jefe de la bancada kirchnerista, Héctor Recalde, volvió a la carga contra el fallo del máximo tribunal al sostener que es regresivo y lo describió como un perdón a los torturadores.
Diferente fue la opinión de Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) que justificó el fallo de la Corte al calificarlo como correcto y advirtió que la justicia no es venganza.
Por otra parte se convocó a una movilización para hoy a las 18 a Plaza de Mayo para repudiar el fallo de la Corte Suprema que aplica el cómputo 2x1 y contará con la presencia de todos los organismos de derechos humanos que cada 24 de marzo se movilizan separadamente para recordar el golpe de Estado de 1976, y tendrá réplicas en diversas localidades del país.