ULTIMO MOMENTO:
DICTADO POR LA CORTE PARA REPRESORES
El fallo de la Corte Suprema que beneficia con el 2x1 a genocidas de la última dictadura cívico-militar sumó ayer nuevos repudios de dirigentes opositores y del oficialismo, denuncias contra los tres supremos que aprobaron la resolución, pero también cosechó el rechazo de la ONU, que instó al Máximo Tribunal de la Nación a tener en cuenta “los estándares internacionales de derechos humanos” y a cumplir “los compromisos asumidos a nivel internacional”.
En medio de la polémica nacional y internacional que generó el fallo, miembros del oficialismo salieron a distanciarse de la decisión de la Corte, mientras se preparan marchas para mañana en todo el país y existen fuertes repercusiones en el Congreso Nacional, donde comienzan a tomar forma iniciativas para promover el Juicio Político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkantz y Elena Highton de Nolasco, los tres miembros de la Corte Suprema de Justicia que votaron el beneficio para represores.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que el fallo de la Corte Suprema “fue preparado y pensado desde el Gobierno”.
“Esto no fue la Corte, fue preparado y pensado desde el Gobierno. Prueban y luego retroceden”, aseveró Carlotto en declaraciones a Radio Con Vos y agregó que en el Ejecutivo “hay una consigna, desactivar todo lo relacionado a los derechos humanos. Nos acostamos y nos levantamos con malas noticias todos los días, no es una visión personal”.
En tanto, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) exhortó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a tener en cuenta “los estándares internacionales de derechos humanos” y a cumplir “los compromisos asumidos a nivel internacional” al referirse al fallo que declaró aplicable el derogado beneficio del 2 x 1 para un represor.
“La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”, señaló al respecto el representante del Acnudh para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, en un comunicado que divulgó ayer la oficina con sede en Santiago de Chile.
Allí, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostuvo que “el Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”.
La Casa Rosada reaccionó frente al rechazo que generó el fallo y algunas de las máximas figuras del macrismo salieron a tomar distancia de la resolución de la Corte. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, consideró que “los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes” y si bien sostuvo que se debe respetar “la división de poderes” defendió “nuestra propia libertad de decir lo que pensamos”.
