POR IRREGULARIDADES EN CONTRATACIONES DEL I.S.J.
Al considerar agotada la etapa penal instructoria, la Fiscalía de Investigación Penal Nº 8 solicitó la elevación a juicio oral y público, la causa por presuntas irregularidades en el manejo financiero del Instituto de Seguros de Jujuy y que tiene como imputados a su ex titular Daniel Palumbo y al ex gerente Héctor Ugarte, quienes desempeñaron sus funciones durante la gestión de Eduardo Fellner.
La Fiscalía de Investigación Penal a cargo del Dr. Alejandro Bosatti, sostuvo que se abrieron dos causas en contra de los ex funcionarios, imputados del supuesto delito de Abuso de autoridad y fraude contra la administración pública en concurso real, al detectarse contrataciones al margen de las normas vigentes y el pago de sobreprecios.
Además de advirtió que en la actualidad peritos de la Oficina Anticorrupción realizan auditorías en otros expedientes de contrataciones en los cuales también se podrían detectar anormalidades en las contrataciones de aquella gestión kirchnerista.
Cabe mencionar que diputados radicales los habían denunciado en el año 2015, inicialmente por tercerización de servicios y la compra con supuestos sobreprecios, maniobras que se habrían instalado como metodología propia. La Fiscalía sospecha que en los pagos de obra social por estas contrataciones, haya existido vínculos entre los ex funcionarios y las empresas tercerizadas que demostraron intereses en torno a las adjudicaciones. .
El Dr. Bosatti en rueda de prensa realizada ayer tarde, decía que la prueba colectada, que ha sido abundante, es contundente. Es prueba mas que nada documental, son expedientes administrativos en los que no se ha dado cumplimiento con la legislación vigente, y se ha pagado inclusive dinero de más a lo que correspondía, conforme lo que era el trámite administrativo.
Así es que se ha detectado que no se ha respetado el procedimiento de contratación establecido por el Reglamento de Contratación del Estado, Ley de Obras Públicas, los cuales tienen establecido determinados requisitos. No hay acto administrativo de llamado a licitación, no hay acto de preadjudicación, no hay partida presupuestaria afectada, no hay acto de designación de comisión de preadjudicación, además obran pagos contra certificaciones de obras que no son coincidentes entre las facturas y certificaciones, no se hicieron en forma mensual y se termino abonando una cifra equivalente al doble a lo que estaba contratado al igual que por obras adicionales.
Aclaró que se abocaron a dos causas, pero pueden aparecer otras conforme al resultado de las auditorías actuales, especificando que se trata de compras de suministros m{médicos, donde había un presupuesto por 3.900 pesos y se terminó contratando por 39 mil peso. A la m{as cara se terminó adjudicando sin justificativo. Y en la delegación de La Quiaca se pagó el doble, por una suma aproximada de 2 millones de pesos cuando la contratación era de 1 millón de pesos.
No se descarta que de las auditorías vigentes, se pueda llegar a detectar montos millonarios de defraudación.