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El gobierno húngaro empezará a aplicar desde hoy una cuestionada ley que permite internar a los solicitantes de asilo en centros cerrados durante todo el tiempo que dure la tramitación de sus peticiones, una norma que ha sido criticada por las Naciones Unidas.
La ley, aprobada por el Parlamento el pasado 7 de marzo, establece que los demandantes que llegan hasta la frontera húngara tienen que presentar sus solicitudes en las llamadas zonas de tránsito, en las que quedarán retenidos hasta que se resuelva el proceso.
“La meta del endurecimiento de la ley es que los inmigrantes cuya situación no está clara no puedan moverse libremente por el territorio del país y de la Unión Europea (UE), para disminuir el riesgo de seguridad que causa la inmigración”, recordó recientemente el Ministerio de Interior húngaro en un comunicado.
Las Naciones Unidas, a través de sus agencias de refugiados, Acnur, y de protección de la infancia, Unicef, ha criticado esta legislación, que salió adelante gracias a la mayoría absoluta del partido del gobierno, el conservador Fidesz, con el apoyo del ultranacionalista y xenófobo Jobbik.
Acnur ha denunciado que esta medida “viola las obligaciones de Hungría con respecto al derecho internacional y las normas de la Unión Europea (UE)”, mientras que Unicef ha advertido que “es traumático detener a niños refugiados e inmigrantes que huyen de la violencia y la persecución y buscan una vida mejor”.
Además Amnistía Internacional y el Comité Helsinki han alertado de que la ley niega la protección infantil a los menores de entre 14 y 18 años, algo “sin precedentes en Europa”, informó la agencia de noticias EFE.
“Nadie puede entrar ni circular libremente por Hungría sin que se aclare su identidad y sus intenciones”, declaró recientemente el primer ministro, Viktor Orbán, que desde hace dos años viene endureciendo un discurso que apunta contra la inmigración y los refugiados, hasta el punto de relacionarlos con el terrorismo.
El Ministerio de Interior ha informado de que las dos zonas de internamiento que se crearon en las localidades de Röszke y Tompa, junto a la frontera con Serbia, tienen una capacidad para 100 personas, pero que se podrán ampliar.
El gobierno ha anunciado que invertirá 123 millones de euros en ampliar esas “zonas de tránsito” y en una segunda valla antirrefugiados en la frontera con Serbia, donde ya instaló una alambrada en septiembre de 2015, cuando cientos de miles de refugiados cruzaban Hungría camino de países más ricos, como Alemania o Suecia.
Esta segunda valla estará equipada con cámaras de vigilancia y termográficas y dispone cada 15 centímetros de unos sensores que activan una alarma cuando se toca.
