El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por supuestos delitos que se habrían cometido en el marco el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado durante el concurso preventivo de la firma, propiedad de la familia del jefe del Poder Ejecutivo.
Aunque Zoni no precisó los cargos imputados, consideró que el caso merece una investigación porque “se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”.
Ayer en una conferencia de prensa en Olivos, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que el gobierno le pedirá una audiencia “urgente” a la Cámara Comercial para que resuelva el conflicto por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, a la vez que le solicitará un “veredicto técnico” a la Auditoría General de la Nación (AGN) antes que el Ejecutivo suscriba ‘a una postura definitiva‘ sobre el tema.
Sin embargo, momentos después el titular de la AGN, el peronista Oscar Lamberto, aseguró que “no somos el organismo adecuado, el Gobierno tiene a la Sigen (Sindicatura General de la Nación) para este tipo de cuestiones; suena raro que se acuerden de la Auditoría después de que se armó el escándalo”, indicó.
Esto provocó que el gobierno buscara otra vía para convocar a la Auditoría, que es el organismo que asiste técnicamente al Congreso en el control del estado de las cuentas del sector público.
Un auditor que pidió reserva de identidad dijo: “No está claro qué es lo que pretenden que haga la AGN. Hay, otros organismos más capacitados que la auditoría, cómo los jueces que están más capacitados para hacer un análisis del tema y es lo que corresponde”. Aunque reconoció que “estamos analizando qué tipo de participación podemos tener” (Inf. Pág. 02).
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