El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, admitió que el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino representa “un perjuicio para el Estado”, pero enfatizó que “la quita se hizo durante el kirchnerismo”, por lo que reclamó que “algún fiscal le achaque la responsabilidad al funcionario que tenía la obligación de cobrar” lo establecido durante el concurso de acreedores realizado en 2003.
“Hay un perjuicio al Estado y ya está hecho, pero la quita se hizo durante el gobierno kirchnerista porque la devaluación del dinero es la verdadera quita. Nosotros hemos tratado de cobrar lo que quedaba”, argumentó el funcionario, quien advirtió que la responsabilidad de cobrar la deuda era del ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido. En paralelo, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, anticipó que el organismo iniciará una “actuación” sobre el asunto al reconocer que es “más que obvia” su intervención cuando hay “un dictamen fiscal sugiriendo que podría haber una presunta violación de la ley de Ética Pública”.
Alonso explicó en diálogo con Radio Mitre que “decidimos abrir una actuación y se empezarán a librar los oficios correspondientes”, lo que implica “tomar conocimiento del expediente, hacer el análisis que corresponda, quizás pedir más información y a funcionarios, analizar, estudiar el caso y emitir una recomendación” que esté a disposición de Justicia. Por su parte, Aguad salió a dar respuestas ayer luego de que la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, señaló a un funcionario de su ministerio -Juan Carlos Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos- como el que aceptó la oferta que la empresa hizo en junio del año pasado. En declaraciones a radio La Red, el ministro aseguró que “no hay ningún perdón de deuda, va a pagar hasta el último peso, pero de un crédito absolutamente devaluado”.
Asimismo, resaltó que “nunca” habló con Mauricio Macri sobre el tema y que si lo hubiera hecho, el presidente lo “habría echado del despacho” y le “habría dicho “andá a defender los intereses del Estado””.
Aguad dijo que “en 2003, el kirchnerismo reconoció y verificó una deuda al Estado, en un concurso de acreedores, de 292 millones de pesos”, pero “la ley de quiebras prohíbe cargar intereses a futuro” y “la ley de convertibilidad, el artículo 7, prohíbe indexar esas deudas”.
Al respecto, insistió en que el Gobierno fijó un pago en cuotas a 15 años con 7 por ciento de interés porque “está vigente la prohibición o la negación para actualizar los créditos en un proceso de concursos”. Por su parte, la fiscal Boquín emitió un nuevo dictamen en el que calificó la conducta de la empresa como “contraria a la buena fe” procesal y ratificó su planteo de que es “abusiva” la propuesta de la empresa.
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