Martes 25 de Febrero del 2020



La justicia española tiene la primera querella por terrorismo de Estado en Siria

La hermana de un sirio detenido de forma ilegal y presuntamente ejecutado por el gobierno de Bashar al Assad, presentó ayer ante la Audiencia Nacional de España la primera denuncia penal internacional contra nueve miembros de las fuerzas de seguridad y la inteligencia de Siria por delitos de terrorismo de Estado.

01/02/2017


‘Creemos que tenemos un caso sólido‘, aseguró a Telam Toby Cadman, co-fundador del equipo de abogados internacionales G37 (Guernica 37), impulsor de la acción judicial.
‘Se trata de un primer paso significativo que puede abrir la puerta a otros. Actualmente estamos trabajando en otro caso bajo jurisdicción del Reino Unido‘, añadió Cadman, quien durante los últimos cinco años se empeñó en sacar adelante la inédita demanda junto con parte de la sociedad civil siria en el exilio, abogados de España, el Reino Unido y Estados Unidos.
La acción penal presentada ayer es la primera de justicia transnacional elevada a tribunales europeos, que busca enjuiciar a miembros de las fuerzas de seguridad del estado sirio y conseguir justicia por la desaparición forzada, detención ilegal, tortura y ejecución de miles de civiles en centros de detención ilegales del país.
El caso se basa en el archivo César: un fichero con más de 50.000 fotografías de aproximadamente 6.000 cadáveres de víctimas de tortura en Siria, tomadas en centros de detención ilegal por un policía militar que desertó y en la actualidad vive oculto en Francia.
QUERELLANTE ESPAÑOLA
La querellante, identificada con las iniciales A.H, cuenta con nacionalidad española, de ahí que los tribunales del país ibérico serían competentes para investigar los crímenes internacionales cometidos en territorio sirio contra su hermano, detenido, torturado y ejecutado en febrero de 2013.
El requisito de nacionalidad española de la víctima -en este caso indirecta- es fundamental tras las limitaciones al ejercicio de la justicia universal para los tribunales españoles que impuso la reforma judicial del conservador Partido Popular (PP) en 2014 en España.
El fundamento de la querella es que el estado sirio, liderado por el presidente Bashar al Assad, cometió, a través de sus fuerzas de seguridad e inteligencia, un delito de terrorismo contra la población civil.
Desde marzo de 2011, en respuesta a las manifestaciones de lo que se conoce como la ‘Primavera Árabe‘, el estado sirio elaboró un plan de seguridad nacional destinado a acabar con tales protestas y con cualquier tipo de disidencia, mediante una política de detenciones, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sistemáticas, asegura la demanda. Como consecuencia, decenas de miles de civiles sirios fueron privados de su libertad y trasladados a centros de detención ilegal donde han sido torturados, hacinados y sometidos a tratos inhumanos. Las autoridades sirias, asimismo, negaron información a los familiares sobre sus seres queridos, creando incluso mecanismos para ocultar o distorsionar toda información.
Por otro lado, el plan de seguridad nacional incluía un escrupuloso registro de la represión, de ahí que se encargó a la policía forense tomar fotografías de los cuerpos torturados y sin vida de los detenidos en varios hospitales en Damasco, a donde habían sido transportados desde los centros de detención.
En septiembre de 2013, un policía forense encargado de supervisar el registro fotográfico desertó de su puesto y consiguió salir de Siria, llevándose consigo mas de 50.000 fotografías.
 




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