Martes 18 de Febrero del 2020



EXPECTATIVA EN EE.UU.

El veto a inmigrantes enfrenta el primer desafío de un Estado

El Estado de Washington (noroeste) se convirtió en el primero en interponer una demanda contra el decreto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

31/01/2017


El decreto suspende el ingreso al país de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia más estrictos.
El fiscal del Estado de Washington, Bob Ferguson, afirmó que presentó una demanda ante una corte federal en Seattle contra el decreto de Trump y, de prosperar, lo dejará sin efecto en todo Estados Unidos. Agregó que otros estados lo seguirán.
El texto contraviene la Constitución en varios puntos, aseguró, y añadió que varias grandes empresas apoyan la demanda. Al mismo tiempo, integrantes de las bancadas demócratas en el Congreso se manifestaron contra la política de Trump frente al edificio de la Corte Suprema.
Los analistas coinciden en que Washington no será el único estado en impugnar el decreto, dado que las fiscalías de los estados controlados por los demócratas están actuando en forma coordinada para resistir las posiciones de Trump sobre el Obamacare, cuestiones ambientales y migratorias.
No sería una novedad en la política estadounidense, ya que los estados de mayoría republicana usaron el mismo mecanismo contra las decisiones más virulentas, desde su punto de vista, del último presidente demócrata, Barack Obama.
Se espera que a Washington lo sigan Nueva York, Massachusetts, Connecticut y otros estados. El activismo político de los fiscales generales estaduales comenzó desde la administración de George W. Bush, y según los expertos ya es normal que lo practiquen.
Las lluvia de amparos estaduales se producirá después de que Trump despidiera, el lunes, a la fiscal general, Sally Yates, por entorpecer la aplicación de la medida.
Yates, que había sido nombrada por Barack Obama y le había prestado gran ayuda en sus iniciativas sobre el sistema penal, había ordenado a los abogados del Departamento de Justicia que no hagan cumplir el decreto contra la inmigración, informó el portavoz de la Casa Blanca.
 




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