El Gobierno modificó ayer la Ley de Migraciones mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicó en el Boletín Oficial, que busca impedir el ingreso al país de personas vinculadas con delitos y la realización de fraudes para evadir controles fronterizos y acortar los tiempos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales.
Según indicó el Decreto en los Considerandos, “ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a 7 años de tramitación”.
El DNU apunta a sumar medidas a otras que el gobierno nacional ha tomado en las últimas semanas en materia migratoria, como la creación de la Comisión Nacional de Fronteras, integrada por funcionarios y fuerzas de seguridad, el refuerzo de datos que se reciben de Interpol y la disposición para que las líneas aéreas anticipen a Migraciones, desde el lugar de embarque, la lista de pasajeros y tripulantes que llegarán al país.
En la norma conocida ayer se establece que “serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional, la presentación ante la autoridad de documentación nacional o extranjera material o ideológicamente falsa o adulterada, o la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas y/o requerimientos judiciales o de fuerzas de seguridad”.También que se le negará el ingreso al visitante que haya “sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme en la Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan, según las leyes argentinas, penas privativas de libertad”.
Tampoco podrán ingresar aquellos vinculados con “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.
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