Sábado 14 de Diciembre del 2019



La ATE alertó sobre una normativa presupuestaria

La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que lidera Hugo Godoy alertó ayer respecto de la “Decisión Administrativa 12/17 del gobierno”, que difundió “la normativa presupuestaria, limitó las contrataciones y procura censar, reorganizar y ajustar la plantilla de empleados” de la actividad, informó el dirigente.

16/01/2017


La secretaria de Organización del gremio, Silvia León, detalló que “el gobierno dio un nuevo paso hacia la reforma y ajuste del Estado a través de la ‘Decisión Administrativa 12/17 del presupuesto general de la administración nacional 2017”, que avanzó en “la decisión política de una reestructuración”.
“Esa determinación concentró y centralizó el poder de decisión sobre el futuro de los trabajadores estatales en la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Modernización y la Oficina Nacional de Presupuesto. Además, la norma impedirá la contratación de personal y exigirá a los organismos que en treinta días informen los cargos ocupados con un censo de personal”, explicó.
León subrayó que en treinta días se distribuirán los cargos fijados por la Ley de Presupuesto y, el resto de los trabajadores, quedarían bajo “la potestad de la Jefatura de Gabinete y Modernización para ser redistribuidos de acuerdo con los criterios de cantidad para cada cartera y organismo”, continuó.
La dirigente sostuvo además que esa “Decisión Administrativa 12/17” limitó también los programas de cada Ministerio y exigió a cada cartera el envío en quince días de la programación anual de esas iniciativas a la Oficina Nacional de Presupuesto.
“La normativa otorgó a los Ministerios la potestad de cerrar programas e informó qué planta contratada debe cubrir el quince por ciento de la del Ministerio. Eso ya existía, pero la salida a esta situación debe consistir en poner en marcha un concurso para el pase a planta permanente de los precarizados”, afirmó León.
Para la gremialista, la iniciativa es “un nuevo avance en la tercera reforma del Estado, anunciada en 2016, y ofrece un instrumento legal para redistribuir a trabajadores de acuerdo con el criterio de los Ministerios que concentran todo el poder”.
 




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