Durante una entrevista con la Radio Con Vos, el magistrado aclaró sin embargo que debe investigarse si Arribas actuó en nombre de un tercero.
Canicoba Corral, quien se encuentra de vacaciones -su juzgado es subrogado por Sergio Torres- explicó que aún no tomó contacto con la presentación que hizo Carrió, quien pidió investigar si el jefe de la AFI recibió en su cuenta en Suiza, en septiembre de 2013, transferencias por 600 mil dólares del operador de Odebrecht Leonardo Meirelles, condenado por la justicia brasileña en el caso de corrupción Lava Jato.
“Estoy un poco ausente porque estoy de licencia. Por lo que he leído, no sé si se puede hablar de sobornos.
Parece que Arribas no era funcionario, sino un ciudadano común, que vivía en Brasil, donde se habría producido esta supuesta transferencia de dinero”, indicó.
“¿Y esto qué tiene que ver con el supuesto soborno?, respondió el juez cuando se le recordó que Arribas era un intermediario de futbolistas y clubes y que tenía una relación estrecha con el presidente Mauricio Macri cuando se le realizaron supuestos giros, en 2013.
“No sería soborno, salvo que se pruebe que fue por interpósita persona, porque es para funcionarios públicos, no para los particulares. En los ciudadanos comunes podrá ser reprochable desde el punto de vista ético, sin ninguna duda, pero no sería delito, si no es funcionario público”, apuntó Canicoba Cabral.
El banco suizo Credit Suisse informó que en la cuenta del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, ingresó sólo una de las cinco transferencias que investiga la Justicia presuntamente remitidas por Leonardo Meirelles, el cambista brasileño condenado por haber pagado coimas para la constructora Odebrecht y otras empresas brasileñas involucradas en el escándalo denominado Lava Jato.
La información fue publicada ayer por el diario La Nación, quien también había publicado por primera vez información sobre 5 transferencias por un total de 600 mil dólares realizadas por Meirelles a la cuenta de Arribas, según lo declarado por el propio cambista ante la justicia brasileña bajo el régimen legal de “delación premiada”.
