El Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, órgano que nuclea a los ministros de Economía y Finanzas de todo el país, brindó su apoyo al proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias que impulsa el Gobierno nacional, al entender que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados “perjudica especialmente a las provincias”.
En un documento difundido ayer, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal alertó sobre el “alto costo fiscal para los tres niveles de Gobierno” que representa el proyecto de reforma de Ganancias que impulsan los partidos del arco opositor en el Congreso.
El Consejo agrega que los nuevos tributos previstos generarían “incertidumbre respecto de las inversiones proyectadas e inseguridad jurídica”.
El pronunciamiento del Consejo -a través de los miembros del Comité Ejecutivo- se produce en momentos de fuertes imputaciones entre el Gobierno nacional y los principales dirigentes de los partidos de la oposición y de las centrales obreras, respecto a la profundidad de los cambios a aplicar en a reforma de Ganancias y las herramientas de financiamiento.
El jueves el presidente Mauricio Macri se colocó al frente de los cuestionamientos al calificar de “impostor” al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y alentó a los líderes de bancada del Senado a demostrar “un compromiso distinto con la gobernabilidad”.
En ese contexto, se informó que entre los miembros del Comité del Consejo “se alcanzó unánime posición respecto de la necesidad de una reforma que corrija gradualmente las distorsiones del impuesto y que contemple la realidad fiscal de las provincias y de la Nación”.
También existió consenso en “procurar que no se desfinancien los presupuestos de las jurisdicciones y no se afecte la prestación de servicios sociales esenciales como la educación y la salud por parte de las provincias, ni se desatienda la obra pública nacional y provincial”.
El Consejo, que está integrado por los Ministros de Economía de las diferentes provincias y es presidido por el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay, alertaron que “las modificaciones introducidas en el gravamen perjudican especialmente a las provincias donde los sueldos son más bajos, ya que no incidirá en un incremento en el poder de compra de los salarios, pero sí reducirá la Coparticipación”.
En ese sentido, el tema resulta para los ministros “de alta sensibilidad”, ya que se analizó que “los ingresos resignados impactarán en las arcas nacionales y provinciales en tanto el 64% de la recaudación neta de este impuesto se coparticipa”, por lo cual esa misma vía incide negativamente en las cuentas del sector municipal.
Las consecuencias advertidas en avanzar el actual proyecto que cuenta con media sanción en el Congreso “derivaría en una ampliación de la brecha fiscal, y un claro desvío de las pautas de responsabilidad fiscal asumidas por todos los gobiernos como senda a recorrer”, advirtieron los miembros del Consejo.
En el análisis de los proyectos, el documento destacó que al abordar el impacto fiscal de esta medida debe tenerse en cuenta que la recaudación tributaria por Ganancias en 2016 se estima en alrededor de $424.509 millones (5,38% del PBI) y si no se implementan cambios la recaudación superaría los $543.132 millones en 2017 (alrededor de 5,57% del PBI).
A partir de esa base de análisis, se proyecta que el costo fiscal de la propuesta oficial “acumula una baja de 0,6% del PIB en 2017- 2019 y significaría la pérdida de alrededor de 32.880 millones de pesos de recaudación en 2017, lo que ya implicaba un importante esfuerzo fiscal para los tres niveles de gobierno”.
Por el contrario, la propuesta aprobada en la Cámara de Diputados pendiente de tratamiento en el Senado “impactaría en una menor recaudación del 2,0% en el mismo periodo”, aseguraron los ministros, en un documento que aclara el alcance de un “consenso” en el análisis pero no de unanimidad.
En similar sentido, “se analizó que los impuestos que se crearían para paliar el impacto (renta financiera -Lebac-, y al juego) y la reposición de las retenciones a la minería no contemplan la volatilidad de la renta financiera por un lado y alejan las inversiones por el otro”.
Al argumentar esa afirmación, el documento asegura que tales medidas sólo permitirán “introducir confusión y poca certeza en su interpretación derivando en mayor incertidumbre respecto de las inversiones proyectadas e inseguridad jurídica, traccionando aún más a la baja la recaudación del impuesto”.
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