El funcionario provincial y querellante en varias de las causas que involucran a la dirigente social Milagro Sala y otros de la organización social Tupac Amaru, sostuvo que el último informe “fundado en las consideraciones de la Opinión del Grupo de Trabajo, desconoce la cantidad de pruebas que sindican a Sala como la responsable de un fraude de promociones millonarias y omite considerar los fundamentos del juez al momento de dictar la prisión preventiva, afirmando en base a muchísimos testimonios, la capacidad de influir y coaccionar a los testigos que Sala puede tener en libertad, frustrando los objetivos de la investigación”.
Insistió que dicho pronunciamiento, “sólo sugiere implementar las medidas sugeridas por el grupo. No se trata de un decisorio propiamente dicho de la Comisión Interamericana. Es manifiestamente una carta, una correspondencia, carente de efectos jurídicos”.
Añadió que, “hay tratados internacionales de lucha contra la corrupción que están siendo desconocidos, obviados”, por lo que la Comisión de la OEA “magro favor le hace a la lucha de los derechos humanos en Latinoamérica y se presta a intervenir en un caso en donde lo relevante son los derechos que fueron coartados producto de un sistema de corrupción endémica”.
