El funcionario provincial y querellante en varias de las causas que involucran a la dirigente social Milagro Sala y otros de la organización  social Tupac Amaru, sostuvo que el  último informe “fundado en las consideraciones de la Opinión del Grupo  de Trabajo, desconoce la cantidad de  pruebas que sindican a Sala como la  responsable de un fraude de promociones millonarias y omite considerar los fundamentos del juez al momento de dictar la prisión preventiva,  afirmando en base a muchísimos testimonios, la capacidad de influir y  coaccionar a los testigos que Sala  puede tener en libertad, frustrando  los objetivos de la investigación”.
 Insistió que dicho pronunciamiento, “sólo sugiere implementar las  medidas sugeridas por el grupo. No  se trata de un decisorio propiamente  dicho de la Comisión Interamericana. Es manifiestamente una carta,  una correspondencia, carente de  efectos jurídicos”.
 Añadió que, “hay tratados internacionales de lucha contra la corrupción que están siendo desconocidos,  obviados”, por lo que la Comisión de  la OEA “magro favor le hace a la lucha de los derechos humanos en Latinoamérica y se presta a intervenir  en un caso en donde lo relevante son  los derechos que fueron coartados  producto de un sistema de corrupción endémica”.