El proyecto de Emergencia Social acordado entre los distintos bloques de diputados y senadores con más de 40 organizaciones sociales ingresó ayer a la Cámara Baja y la intención del oficialismo es emitir dictamen el próximo jueves para habilitar su tratamiento en el recinto.
La iniciativa prevé prorrogar la emergencia social hasta diciembre de 2019 y habilita al jefe de Gabinete a reestructurar las partidas presupuestarias hasta un total de 30.000 millones de pesos.
El proyecto, que consta de 12 artículos, fue firmado por los oficialista Mario Negri (UCR) y Nicolás Massot (PRO), los peronistas disidentes Oscar Romero y Diego Bossio (bloque Justicialista), además de Sergio Massa y Graciela Camaño (Frente Renovador), la socialista Alicia Ciciliani, junto a Victoria Donda (Libres del Sur) y Leonardo Grosso (Peronismo para la Victoria), entre otros.
De acuerdo al proyecto consensuado entre los diputados y las organizaciones quedó establecido que el jefe de Gabinete podrá avanzar con “reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos de proveer los fondos adicionales requeridos a los fines de la implementación de esta ley hasta un monto de 25.000 millones de pesos”.Si al 31 de diciembre de 2018 es ejecutado todo el presupuesto, el ministro coordinador podría realizar una nueva restructuración de 5000 millones de pesos.En la norma se establece que con el objeto de “promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan, en todo el territorio nacional, en la economía popular” se declara la emergencia “con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”.
Asimismo se prevé la creación del “Consejo de la Economía Popular y el Salario Social”, como así también el “Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP)” y la destinación de partidas presupuestarias a los fines de financiar esas instituciones.
La propuesta presentada en Diputados tiene diferencia con el proyecto sancionado en el Senado que declaraba la Emergencia Social y Alimentaria por un año en todo el país y promovía la creación de un millón de nuevos empleos bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo.
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