Juan Manuel Santos anunció ayer que en abril del 2017 habrán desaparecido las FARC como banda terrorista. A partir de esa fecha iniciarán su camino como partido político. Lo dijo en la ceremonia de la firma del renovado acuerdo de paz, que tuvo lugar en el clásico y precioso Teatro Colón de Bogotá.
Los siete comandantes del Secretariado de dicha organización guerrillera, todos con abultados prontuarios, habían llegado a la capital colombiana invitados y protegidos por el gobierno y no a tiros, tal y como pretendieron durante medio siglo.
Junto a ellos, sobre el mismo escenario, de igual a igual, el equipo del presidente siguió la sobria ceremonia ante una audiencia compuesta por embajadores extranjeros, representantes de diversas iglesias, víctimas y lo más granado del santismo y sus aliados.
Santos y Rodrigo Londoño, alias “Timochenko” esperan que su cuarto apretón de manos y las firmas que estamparon sean las definitivas, pero las dos rúbricas no despejan las dudas sobre un pacto que no cuenta con el respaldo de una parte significativa de la sociedad que ganó el plebiscito del 2 de octubre.
A partir de la próxima semana deberá recorrer un sinuoso camino en las Cámaras Legislativas con la férrea oposición del Centro Democrático y otros sectores.
Aprobar el farragoso texto de 310 páginas será sencillo puesto que el presidente cuenta con una amplia mayoría parlamentaria, pero expedir las leyes que necesita y ponerlo en marcha no resultará una tarea fácil ni rápida.
Todo apunta a que se convertirá en el eje del debate de las legislativas y las presidenciales del 2018.
“Reconozco que el nuevo acuerdo es mejor que el anterior”, admitió Santos.
Recordó que el “el acuerdo del Teatro Colón”, surgió tras “un diálogo abierto y franco con todas las partes. Un acuerdo mejorado y ajustado que incorpora la inmensa mayoría de las propuestas presentadas”.
Para el mandatario, lo más importante para su país es que “logramos poner fin al conflicto armado con las FARC y sentamos las bases de una paz duradera”.
Santos anunció que el texto llegará la próxima semana al Congreso para refrendarlo antes del sábado.
“Ese será el Día D. Cinco días después se iniciará el movimiento de la guerrilla hacia las zonas transitorias (...) En 150 días todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas. Las Farc, como grupo armado, habrán dejado de existir”.
“Timochenko”, por su parte, pidió “que la palabra sea la única arma de los colombianos”.
El jefe de una banda que ha asesinado, secuestrado y extorsionado a miles de colombianos aseguró que “el pueblo está harto de violencia, de intolerancia. La primera demanda nacional es que se ponga fin el uso de las armas en la política, que se garantice el derecho a disentir, que la vida y la integridad personal, la libertad de movimiento y pensamiento sean reales.”
Y, al igual que Santos, aseguró que modificaron “el acuerdo anterior teniendo en cuenta las propuestas. Nadie debe quedarse fuera de él”.
Al margen de los obstáculos que pueda encontrar en el Legislativo, llevar el acuerdo al terreno tardará años no solo porque el Tribunal Especial que crearán deberá investigar a todas las partes que participaron en el medio siglo de confrontación armada, una tarea tan titánica como imposible, sino por incluir una reforma agraria que se antoja irreal, así como un ambicioso programa de desarrollo de la Colombia rural, castigada por el olvido estatal, la corrupción, el narcotráfico y la minería ilegal.
“El camino que escogió el gobierno es el peor posible. El acuerdo no tiene legitimidad política ni seguridad jurídica ni concordia social. La paz y la unidad nacional son insolubles, pero al gobierno no le importa la paz ni la unidad nacional”, le dijo a este diario Martha Lucía Ramírez, ex candidata presidencial conservadora.
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