No hay duda de que la estrategia de Moscú de retirarse de ese tribunal, con sede en la Haya, es una mala noticia para quienes creen que es necesario juzgar los genocidios, los crímenes de guerra o cualquier violación de los derechos humanos.
Aunque no son amigos, el presidente electo estadounidense se ha encargado personalmente de manifestar su admiración por el mandatario ruso, Vladimir Putin, durante la campaña electoral para las elecciones del 8 de noviembre.
Incluso Trump sugirió la posibilidad de reconocer la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea, como una suerte de fortalecer su relación con Moscú.
Aquella famosa frase del magnate neoyorquino ("vamos a hacer grande de nuevo a Estados Unidos)", parece ser aplicada al revés por el presidente ruso, cuya popularidad es del orden del 82%, según el centro independiente Levada.
Lo cierto es que Putin ha reposicionado a su país tras la caída de la Unión Soviética en 1991, y una prueba de ello es la reciente intervención militar rusa en Siria para apoyar al gobierno del presidente Bashar al Assad.
Esta semana, el líder ruso ordenó revocar la firma del Estatuto de Roma, la base legal que creó el CPI, un día después de que ese tribunal clasificara la anexión rusa de Crimea como una "ocupación" en 2014.
Para Moscú, sin embargo, este hecho constituye una "reunificación democrática".
La CPI, ratificada por 120 países, entre ellos el Reino Unido, no es un tribunal de las Naciones Unidas. Fue creado para juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
