Miércoles 11 de Diciembre del 2019



Media sanción a la ley de emergencia social

El Senado aprobó ayer y giró a la Cámara Baja el proyecto de ley que por el cual se declara la “emergencia social” y “la emergencia alimentaria” en todo el territorio nacional, medida impulsada por las organizaciones sociales que integran la llamada economía popular y cuenta con el respaldo de las centrales sindicales y la Iglesia.

16/11/2016


El Senado aprobó ayer y giró a la Cámara Baja el proyecto de ley que por el cual se declara la “emergencia social” y “la emergencia alimentaria” en todo el territorio nacional, medida impulsada por las organizaciones sociales que integran la llamada economía popular y cuenta con el respaldo de las centrales sindicales y la Iglesia.
El proyecto fue aprobado, en general, por 45 votos afirmativos contra 13 negativos del oficialismo, sin que se registraran abstenciones.
Al informar el proyecto, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el peronista bonaerense Juan Manuel Abal Medina, indicó que la norma “tiene como origen un reclamo social concreto” y fue impulsado por “organizaciones sociales de los más diversos sectores y de las más diversas ideologías políticas”, tras la marcha de San Cayetano en agosto pasado.
En ese sentido, señaló que la iniciativa implica “un paso muy importante para salir de la idea ‘planes sociales’ para ir a la idea de ‘trabajo en el plano social’”, para luego recordar que, según los especialistas en materia laboral, “por cada puesto de la economía formal que se pierde, se pierden cuatro de la economía informal”.
El proyecto declara la emergencia social por un año en todo el país, apunta al fortalecimiento de la llamada economía popular y también dispone que se declare la emergencia alimentaria, así como la implementación de un ingreso social o salario social por trabajo, con la disposición de implementar un millón de nuevos puestos de trabajo en la economía popular, con la intención de consolidar “la generación de empleo genuino”.
Además, propone el incremento del 15 por ciento mensual de la asignación universal por hijo y de la asignación por embarazo, e implica un costo adicional de mil millones de pesos si se aprueba en noviembre al presupuesto del año en curso y otros diez mil millones de pesos para el año próximo, es decir 11 mil millones de pesos en total, explicó Abal Medina.
En ese sentido, el legislador peronista reconoció que la norma “supone la reasignación de un conjunto de partidas” y para ello también se ha impulsado a nivel de la Cámara Baja, por tratarse de impuestos, la creación de un “gravamen específico sobre la explotación del juego” y a la renta financiera, así como la reinstalación de las retenciones mineras.
 




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