El Gobierno aspira a que en la última sesión del año la reforma electoral sea convertida en ley en Diputados, dando por descontado que el proyecto recibirá modificaciones en el Senado, entre las cuales se incluye un “plan B” en caso que la Boleta Unica Electrónica no pueda ser ejecutada en todos los distritos, abriendo la puerta a una aplicación gradual.
Fuentes tanto de Jefatura de Gabinete como del Ministerio de Interior señalaron que son nulas las posibilidades de que el proyecto -que ya tiene media sanción de Diputados- sea aprobado en el Senado sin modificaciones, y que el oficialismo trabaja para que el martes próximo se obtenga dictamen de comisión y, una semana después, la Cámara alta lo apruebe.
“El proyecto va a ser ley pero a fin de mes, cuando vuelva a Diputados. No va a haber número para anular los cambios que vengan del Senado, así que seguramente los diputados aprobarán lo que giren los senadores. Aunque tengan, en el massismo no van a querer quedar como los responsables de que no haya boleta electrónica”, opinó uno de los funcionarios vinculados a la reforma.
En el Gobierno miran con beneplácito que el Senado incorpore lo que Diputados borró del proyecto original: una especie de “Plan B” para atajar una coyuntura adversa del desarrollo del hardware o software de la BUE.
“Si el proyecto se convierte en ley como está, no hay salida prevista en caso de que ocurra cualquier emergencia y en determinado distrito no se pueda llevar adelante la BUE. Eso fue eliminado por pedido del massismo para asegurarse que la aplicación sea total”, recordó una fuente oficial.
Si bien el presidente Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, impulsan enfáticamente la aplicación total de la reforma ya en las próximas primarias abiertas (es decir, en 9 meses), algunos de los funcionarios involucrados en el proceso saben que la magnitud de la gestión de la BUE es tal que se debe tener una grieta legal que posibilite usar el sistema de boletas de papel ante cualquier eventualidad y en distritos determinados.
Este tema fue abordado en una reunión de hace 20 días mantenida entre el Presidente, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, y allí el propio Macri estuvo de acuerdo en que el proyecto cuente con este resquicio legal para no tener que buscar un parche a la reforma el año que viene, con la elección ya en ciernes.
Es que la aplicación general implica no sólo la capacitación de 32 millones de electores, la adquisición de 120.000 máquinas electorales y el diseño de su software -auditado por la Cámara Nacional Electoral-, sino también un gigantesco operativo logístico para llevar la boleta única electrónica a lugares inhóspitos que requerirá soluciones poco frecuentes, como trasladar la máquina en burro hasta una escuela de alta montaña, un ejemplo que citan funcionarios al recordar el caso salteño.
Por eso, otro de los elementos que en la Rosada esperan incorporar al proyecto en el Senado es la postergación del plazo para presentar todas las máquinas a la Cámara Nacional Electoral para que las audite: según lo aprobado con media sanción, debería ser febrero próximo, pero esperan que ese plazo se extienda.
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