Un registro provisorio y parcial de personas víctimas de desaparición forzada entre 1973 y 1983 asciende a 7.010 personas, mientras que otras 1.561 fueron víctimas de asesinato, lo que eleva la cantidad de “víctimas formalizadas” a 8.571, según aseguró ayer la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación en un informe oficial.
El período de referencia abarca el tercer gobierno de Juan Perón, el posterior de su viuda María Estela Martínez y a la última dictadura militar, donde el secuestro y desaparición de opositores políticos se generalizó.
Según el organismo que encabeza el secretario Claudio Avruj, las cifras corresponden al lapso entre el 12 de octubre de 1973, fecha en que Perón asumió su tercera presidencia, y el 9 de diciembre de 1983, un día antes del traspaso del general Reynaldo Bignone a Raúl Alfonsin.
El informe oficial sostiene que las cifras “de ninguna manera pueden considerarse definitivas” y que el “número de personas desaparecidas continua siendo a la fecha indeterminado”, dado el carácter “parcial y provisorio de la información disponible”.
El informe gubernamental sigue a la polémica suscitada en enero pasado cuando el entonces secretario de Cultura porteño, Darío Lopérfido, puso en duda la cifra de 30 mil desaparecidos adoptada por los organismos de derechos humanos durante décadas.
En ese momento, el funcionario porteño dijo que “no hubo 30 mil, se arregló ese número en una mesa cerrada”, despertando una ola de rechazo que terminó en su renuncia.
De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), presentado en 1984, la cantidad de desaparecidos durante la última dictadura fue de 7.158 personas (de las cuales 743 habría sido víctimas de “ejecución sumaria”).
Según el informe elaborado a pedido de una asociación civil y difundido ayer, los datos fueron tomados del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (Ruvte), creado en 2013 en el ámbito del Área de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos, y luego formalizado como programa ministerial en 2014 por Resolución N° 1261 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aclara el comunicado oficial.
“La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, a través del programa Rutve registra a la fecha y para el período solicitado un total de 8571 víctimas debidamente formalizadas según el marco de referencia, de las cuales: 7.010 se consideran víctimas de desaparición forzada y 1.561 se consideran víctimas de asesinato”, precisa.
El comunicado destaca que “bajo ningún concepto debe considerarse este Registro como definitivo en la medida que permanentemente se siguen recibiendo nuevas denuncias y declaraciones testimoniales. En razón de lo expuesto, el número de personas desaparecidas continúa siendo a la fecha indeterminado y toda cifra que pueda informarse resulta parcial y provisoria”.
La información fue pedida del 16 de agosto pasado por la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, que encabeza el abogado José Lucas Mangioncalda, de activa participación en denuncias judiciales contra funcionarios del anterior gobierno.
El parte oficial sostiene que la entidad pidió conocer ‘la cantidad de personas que se encuentran en situación de desaparición forzada o que, habiéndose encontrado en esa situación hayan sido luego halladas sin vida”.
“En virtud de la ley que ampara el derecho de cualquier ciudadano o asociación al acceso a la información pública, esta Secretaría dio curso de dicho requerimiento al equipo de trabajo del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (Rutve)”.
“El objetivo del Registro es la construcción de una matriz de datos de alcance nacional, en permanente estado de actualización, sobre las víctimas del accionar represivo ilegal del Estado Argentino y, en cumplimiento con lo dispuesto por la ley 26.691, de los Centros Clandestinos de detención y otros lugares de reclusión utilizados por la fuerza represiva estatal”, precisa el comunicado.
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