El oficialismo de la Cámara de Diputados resolvió postergar el debate del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, que iba a ser tratado hoy en una sesión especial de la cámara baja, tras los cuestionamientos planteados por la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, que hicieron peligrar los acuerdos que se habían construido para aprobar el proyecto sobre todo con el Frente Renovador.
La postura de Carrió, que se mostró contraria al contenido de la iniciativa por considerarla “inconstitucional”, provocó una grieta entre los propios integrantes del interbloque Cambiemos, que se reunieron ayer y acordaron postergar el debate del proyecto para reformar el Ministerio Público, y sesionar, en cambio, con otros temas pendientes.
Además, el planteo de Carrió generó malestar en el Frente Renovador, que advirtió que no continuarán con el tratamiento de la iniciativa previsto para hoy en el recinto “hasta que Cambiemos no resuelva sus diferencias” internas en torno al proyecto que, entre otras cuestiones, acota el mandato del titular de la Procuración a cinco años, renovables por cinco años más, y crea una comisión bicameral para seguir su funcionamiento.
Si bien fuentes de Cambiemos admitieron su “sorpresa” por la actitud de Carrió, que presentó sus observaciones una semana después de que el proyecto recibiera dictamen, la diputada de la CC recordó que “desde que comenzó a debatirse el tema” le adelantó su postura “a dirigentes, funcionarios y legisladores del oficialismo. Por lo menos desde marzo, que se lo vengo diciendo a ministros y diputados”.
En declaraciones a la prensa, la diputada de Cambiemos advirtió además que “el tema debería haber pasado por la comisión de Asuntos Constitucionales”, que integra pero, dijo, “no lo giraron y en la comisión de Justicia nuestros diputados firmaron en disidencia”, recordó.
Los cuestionamientos de Carrió al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, plasmados en una serie de observaciones al dictamen de mayoría, plantean el rechazo de la Coalición Pública a la iniciativa por considerarla “inconstitucional” y apuntan a que, para un eventual desplazamiento de Alejandra Gils Carbó, debería utilizarse el resorte del juicio político y “no un acuerdo corporativo”.
Desde el Frente Renovador reniegan de “tener que aparecer acompañando la sanción de una ley, que integrantes del propio oficialismo están cuestionando”.
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