El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para llevar gradualmente hasta el 5 por ciento el porcentaje que dispone la Jefatura de Gabinete para modificar partidas presupuestarias, lo que comúnmente se denomina “superpoderes”.
La iniciativa, que ingresó el jueves a la noche al Congreso con las firmas del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, será tratada en el recinto junto al proyecto de Presupuesto Nacional 2017.
Con sólo dos artículos, uno de ellos de forma, el texto que modifica el artículo 37 de la 24.156 Ley de Administración Financiera, indica que el año próximo el jefe de Gabinete sólo tendrá facultad para reestructurar partidas presupuestarias hasta un 10 por ciento; porcentaje que se reducirá al 7,5 por ciento en 2018 y llegará al 5 por ciento en 2019.
Los porcentajes propuestos son notoriamente inferiores a los que se ejecutaron en los últimos ejercicios, al punto que con la suma de decisiones administrativas y decretos de necesidad y urgencia se ha llegado a ampliar los gastos autorizados por ley en más de un 30 por ciento.
Al reducir los porcentajes permitidos pero no eliminar completamente los “superpoderes”, el proyecto apunta a una solución intermedia entre la norma original y la reforma sancionada el 8 de agosto de 2006.
En los fundamentos, el proyecto indica que “se considera adecuado que la atribución del jefe de Gabinete de Ministros para realizar modificaciones presupuestarias a los créditos aprobados por cada ley de presupuesto disminuya desde el 10 por ciento en el ejercicio 2017 hasta el 5 por ciento” dos años más tarde.
Se recuerda, además, que en 2006 el Parlamento sancionó la ley 26.127 que modificó la Ley de Administración Financiera para que el jefe de Gabinete pudiera disponer las reestructuraciones presupuestarias que considera necesarias.
En aquella oportunidad se puso como excepción las decisiones que afectasen el monto total del presupuesto y del endeudamiento público y el incremento de gastos reservados y de inteligencia que son competencia del Congreso Nacional.
El proyecto ingresado a la Cámara baja sostiene que su propósito es que el Poder Legislativo “retome gradualmente las atribuciones que establecía la redacción originaria” del artículo 37, que ahora se propone volver a modificar.
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