El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, aceptó ayer que la implementación del nuevo Código Procesal Penal llevará “varios años de transición” y afirmó que el Gobierno “sigue una política de Estado, iniciada por el gobierno anterior, que es avanzar hacia sistema acusatorio”.
“Estamos involucrados en que esta implementación sea exitosa, el desafío es hacerlo mejor y quitar todos los condicionantes políticos coyunturales”, sostuvo el funcionario durante un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales del Senado y la Bicameral de Monitoreo de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
Garavano propuso, además, un diálogo para lograr “una mayor coordinación” entre los proyectos de ley aprobados y los que están en discusión en ambas cámaras parlamentarias.
“Tenemos una oportunidad histórica que inició el gobierno anterior para poner en marcha este nuevo sistema”, consideró el ministro y explicó que se “optó por cambios puntuales de articulado y por efectuar la menor cantidad de retoques posibles” ya que, “si uno modifica mucho el Código, el riesgo es hacerlo perder la lógica del sistema”.
Uno de los cambios que se propone es una restricción de las excarcelaciones para “no entorpecer el accionar de la Justicia”, especificó.
También, mencionó la cuestión de las prisiones preventivas y la intención de que, “aquellos jueces que condenan a una persona a prisión efectiva por más de tres años, puedan disponer la prisión preventiva para asegurar que esa sentencia tenga aseguramiento, dado que ya hay un tribunal que declaró la culpabilidad de la persona”.
La implementación, añadió, tardará “al menos cuatro años según las versiones más optimistas” y aseguró que Argentina “atravesará un lapso muy grande en el que se tendrá que convivir con ambos sistemas”.
Garavano se refirió de este modo al proyecto que prevé introducir modificaciones a la Ley 27.063, el Código Procesal Penal de la Nación, orientado a “modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales”.
“Lo que se busca es la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como narcotráfico, hechos de corrupción, la trata de personas y el crimen organizado en general”, precisó.
La iniciativa mantiene la implementación del sistema adversaria o acusatorio de la Ley 27.063, sancionada en 2014.
“Queremos que la implementación sea exitosa”, afirmó Garavano, y destacó que se haya comenzado la capacitación en las jurisdicciones de Salta y Comodoro Rivadavia.
El ministro explicó que la norma jurídica sancionada responde “al desafío de modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos” pero que necesitaba ser modificada con el objetivo de “mejorar la investigación y el juzgamiento de los delitos federales”.
Entre los cambios que el ministerio de Garavano impulsa, se destacan la reforma al artículo 5 que permitirá la reapertura de procedimientos, por ejemplo en casos en que un fallo se haya basado en hechos falsos.
El artículo original impedía la reapertura con la excepción de que la revisión de la sentencia se hiciera a favor del condenado.
Fuentes del Ministerio también explicaron que la medida prevé un cambio en el artículo 288 que, en el Código reformado establece que la información suministrada por los imputados podrá ser usada como prueba en contra de otros imputados.
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