La segunda declaración indagatoria que deberá enfrentar la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, prevista para el 20 de octubre, anticipa que este mes se repetirá la tendencia del 2016: la agenda política se trasladará una vez más a los tribunales federales de Comodoro Py.
La ex mandataria está llamada a dar explicaciones sobre el presunto direccionamiento de la adjudicación de la obra pública durante su gestión en favor del empresario Lázaro Báez.
Más de una decena de ex funcionarios desfilarán por los pasillos de los tribunales de retiro para declarar en causas manejadas por media docena de jueces que tras escuchar sus expiaciones deberán definir la situación procesal de cada uno de los sospechados.
El caso Ciccone y el caso Skanska son dos de los más emblemáticos que registrarán movimientos importantes durante este mes en el que también continuarán los intentos de un sector de la dirigencia política y de la justicia por reabrir la denuncia del fiscal Alberto Nisman, fallecido en circunstancias dudosas, contra la ex presidenta.
El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, está citado a prestar declaración indagatoria el 26 ante el juez federal Ariel Lijo, a instancias del fiscal Jorge Di Lello quien lo acusó de abusar de sus facultades de funcionario para facilitar la quiebra de Ciccone y ponerla bajo control de empresarios ligados al entonces ministro de Economía, Amado Boudou.
En el Caso Skanska, reabierto este año por la Cámara de Casación, el juez Sebastián Casanello espera indagar al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a su detenido secretario de Obras Públicas, José López, quienes están citados para los días 24 y 25, sospechados por el pago comisiones indebidas en gestiones de ampliación de dos gasoductos.El ex funcionario y actual diputado De Vido tendrá una superposición en su agenda: el lunes 24 también es el día que eligió el juez Ercolini para interrogarlo en la causa por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la que será indagada la ex mandataria.El ex funcionario podría tener un respiro, cuando el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi defina que hará con la denuncia del juez de Casación, Juan Carlos Gemingani, quien lo acusó de sobornar a los jueces de Comodoro Py a través del otorgamiento de computadoras y otras herramientas informáticas.
Martínez de Giorgi ya acumuló toda la información referida a la entrega y a la recepción de esos equipos que, según informaron fuentes judiciales, habría estado enmarcada en el programa Argentina Conectada y habría sido debidamente informado, y decidirá que hacer con la causa en los próximos días.
Entre los principales ex funcionarios que deberán presentarse en Comodoro Py también está el ex jefe del Ejército, Cesar Milani, quien el 19 de octubre deberá rendir cuentas ante el magistrado Daniel Rafecas en el marco de una causa en la que se lo acusa de haber incrementado su patrimonio de manera injustificada durante su paso por la función pública.
El oficialismo estará atento a lo que ocurra en Comodoro Py porque por allí desfilarán sus rivales políticos pero también porque está previsto que varios dirigentes del PRO, ahora enrolados en Cambiemos, brindarán testimonio en la causa en la que se investiga el origen del dinero que le robaron de su casa a la vicepresidenta Gabriela Michetti, en noviembre de 2015.
Entre los convocados a declarar bajo juramento de decir la verdad, a propuesta de la defensa de Michetti- en manos de Ricardo Gil Lavedra-, están el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernano Lombardi; el embajador en Uruguay y ex juez federal, Guillermo Montenegro; y el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
En el escrito presentado, Gil Lavedra aseguró que esos dirigentes son los que le prestaron 189.500 pesos en efectivo -una parte del dinero investigado- a la vicepresidenta para costear la cena de recaudación de fondos de su fundación.
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