La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá prestar declaración indagatoria el próximo 20 de octubre, junto a un grupo de ex funcionarios y el detenido empresario Lázaro Báez, en la causa que investiga si privilegió al dueño de Austral Construcciones para otorgarle obra pública en Santa Cruz y beneficiarse luego con negocios propios.
El juez federal Julián Ercolini firmó ayer la citación de la ex Presidenta, del ex ministro de Planificación Julio De Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López, del ex funcionario Carlos Santiago Kirchner -primo de Néstor Kirchner- y de Báez, entre otros, y dispuso para todos la inhibición general de bienes.
Los que encabezan la lista de indagatoria son Cristina, convocada para el 20 de octubre a las 10, y el hoy diputado nacional De Vido, citado para el 24 de octubre.
Si bien Fernández ya está procesada por la operatoria de dólar futuro, se trata de la primera indagatoria por un hecho de corrupción durante su gestión.
Ercolini hizo lugar así a la citación de 17 de las 34 personas que habían solicitado los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques, repartidas en dos presentaciones -la primera a mediados de agosto y la segunda la semana pasada-, con el detalle de las 227 evidencias que fundaron el pedido anterior.
No obstante, Ercolini requirió que, a la espera de las citaciones, se lleve adelante una serie de diligencias, como por ejemplo un informe completo de la Dirección Nacional de Vialidad con “un detalle pormenorizado de los pagos realizados (mes a mes) a las empresas del Grupo Austral, en el lapso comprendido entre los años 2003 a 2015, con individualización de los conceptos y las obras a las cuales correspondan”.
Se trata de uno de los capítulos que se investigan en el marco de la megacausa abierta en 2008 por impulso de la diputada Elisa “Lilita” Carrió por asociación ilícita y que se activó luego de la auditoría que llevó adelante la Dirección de Vialidad en lo que va de la gestión macrista.
Los fiscales acusaron a Cristina Fernández de Kirchner de haber montado una supuesta maniobra para favorecer a su “amigo y socio” Lázaro Báez con adjudicaciones de obras viales multimillonarias en Santa Cruz.
Según dijeron, mientras el empresario ahora detenido por la llamada “ruta del dinero K”, “era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, con la adjudicación del ‘80 por ciento de las obras”, paralelamente se “le garantizaba a la ex familia (presidencial) ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros”, como dejó expuesto el caso Hotesur.
En una resolución de 29 páginas, Ercolini citó los argumentos de los fiscales en donde se detalló que la maniobra se habría edificado sobre “cuatro pilares fundamentales: 1) La inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial; 2) la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional; 3) la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz y 4) el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del Estado”.
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