POR LA DENOMINADA MEGACAUSA
En el marco de la denominada Megacausa ayer se realizó un extenso allanamiento en la sede Alvear de la organización Tupac Amaru en búsqueda de documentación sensible para la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Investigación Penal Nº 6 a fin de determinar el destino de casi 1.200 millones de pesos pagados por obras que no se realizaron o quedaron a medio construir.
Funcionarios de la mencionada fiscalía, encabezada por su titular el Dr. Gustavo Alfonso Araya, acompañados de efectivos de la Brigada de Investigaciones, realizaron la requisa a partir de las 12:00, la cual se extendió hasta casi las 19:30, y según los trascendidos, se habría secuestrado importante documentación para la causa.
Cabe mencionar que en el expediente se hallan imputados la líder de dicha organización social Milagro Sala, el ex titular del IVUJ Lucio Abregú, y más recientemente el ex gobernador Eduardo Fellner y el ex ministro de Tierra y Vivienda Luis Cosentini, entre otros.
De acuerdo a lo que se pudo conocer, el procedimiento se llevó a cabo con la presencia de abogados, legisladores del Frente Unidos y Organizados, militantes afines, quienes pudieron constatar el operativo despejando así las versiones sobre arbitrariedades en el mismo.
Los funcionarios judiciales buscaban documentación relativa a los convenios celebrados oportunamente por las cooperativas de la Tupac y varios municipios. En ese sentido, la Fiscalía ya había requerido a los municipios tal documentación, respondiendo sólo algunos.
En este caso se fue también a la sede de calle Alvear, y uno de los testigos del procedimiento, fue el Dr. Luis Hernán Paz, abogado de dicha organización social y de Sala, quien dijo se está requiriendo documentación referida a los convenios firmados entre las cooperativas, la provincia y los municipios para la construcción de viviendas. También se llevaron carpetas de proveedores, porque acá muchos se enriquecieron. Valoro que esta Fiscalía está mirando la película entera, agregó.
Conviene citar que la Fiscalía de Estado y la Oficina anticorrupción habían efectuado la denuncia a principios de febrero último, la cual se amplió con abundante documentación respaldatoria, dando cuenta del faltante de 800 viviendas, cuyos fondos habían sido librado oportunamente e inclusive con addendas (actualizaciones), desde el Ministerio de Planificación Federal del ex ministro De Vido y la Secretaría de Obras Públicas del detenido José López.