Suspenden el aumento de la luz en todo el país

La jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, dispuso la suspensión de los aumentos tarifarios de los servicios de electricidad “a todas las distribuidoras del país”, haciendo lugar a sendos amparos presentados por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la (CEPIS) y la asociación Consumidores Argentinos.

“Hasta que no sea revocada esta medida cautelar los aumentos de la tarifa eléctrica están suspendidos por este fallo en todo el país y los del gas de acuerdo a la Cámara Federal de La Plata”, explicó llanamente la jueza en diálogo con C5N.

Luego, si el Poder Ejecutivo apela esta medida deberá resolver la Cámara Federal de San Martín: “En el fallo cito en materia de tarifas eléctricas el caso de la clínica privada de La Merced y los clubes de San Martín que fueron confirmados por la Sala I”, advirtió Forns.

Consultada sobre la posibilidad de que los aumentos lleguen igualmente en las facturas, el usuario no lo pague y sea intimado o le corten el servicio, la magistrada expresó: “Las empresas y el Ministerio de Energía saben de qué se trata un amparo colectivo y qué es una medida cautelar. Se debe respetar la actuación de la Justicia. La Justicia va a actuar cuando quede notificada del incumplimiento de la medida cautelar. Tengo la posibilidad de poner sanciones o mandar a la Justicia penal a los miembros del Poder Ejecutivo o ENRE que no cumplieron mi medida”. La jueza también determinó que para el caso de que los aumentos facturados se hubiesen abonado a la fecha, “sus importes deberán tenerse por pagados a cuenta, reintegrándose su monto en las próximas facturas hasta su compensación total”.

También se destaca en el fallo que las empresas distribuidoras y prestadoras del servicio eléctrico “deberán abstenerse de realizar cortes de suministro por falta de pago, con fundamento en la normativa suspendida”.

La suspensión, que “en modo alguno significa adelantar criterio sobre el fondo de la cuestión”, fue resuelta ante la ausencia del “requisito constitucional” de la audiencia pública y los “exorbitantes, desproporcionados” aumentos dispuestos en las resoluciones 6 y 7 de este año del Ministerio de Energía y Minería.

“La audiencia pública no sólo resulta un requisito constitucional, haya o no norma que la establezca en materia de modificación de tarifas”, sino que “máxime que las aplicadas con las resoluciones atacadas por el amparista constituyen ‘prima facie’ ajustes exorbitantes, desproporcionados y fuera de la realidad económica actual de los ‘clientes cautivos’”, precisó Forns en su fallo. La jueza dio tres días de plazo a partir de la notificación al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), y al Ministerio de Energía para que presenten “un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud” y para que indiquen “ sobre la existencia o no de alguna situación de excepción respecto a la situación en que se encuentran los clubes de Barrio y Pueblo, cooperativas y entidades de bien público”.

Cammesa, la empresa encargada de la distribución, será notificada mañana y desde el Gobierno confirmaron que efectivamente el aumento estará suspendido. A raíz de esto, la energía que con el tarifazo valía 320 pesos por megavatio ahora volverá a salir 90 pesos, el precio del 31 de enero.

El Gobierno nacional anticipó ayer la decisión de apelar el fallo de la jueza Forns, que puso freno a la suba en la electricidad.

Fuentes oficiales plantearon que el Gobierno tiene a partir de ayer, “tres días hábiles para hacer su descargo respecto a la cautelar interina, y a partir de ello aguardar que la misma magistrada dicte una cautelar definitiva”. Una vez que la jueza Forns disponga la cautelar definitiva, el Gobierno recién podrá presentar su apelación “en la misma línea en la que se fueron apelando en estos meses los amparos presentados en distintas jurisdicciones”.

Las fuentes consultadas llamaron la atención sobre la decisión de la jueza de recurrir a “una cautelar interina, debido a que este tipo de recurso refleja una cuestión urgente, cuando las resoluciones cuestionadas tienen alrededor de seis meses de vigencia”.

De la misma manera, en el Gobierno descartaban que la Cámara Federal de San Martín pueda hacerse eco de las eventuales apelaciones en las causas referidas a los incrementos tarifarios de los servicios, debido a que el tribunal de segunda instancia ya avaló fallos anteriores de la misma jueza.