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La diputada nacional Elisa Carrió presentó el 2 de junio ante la UFI 11 de los tribunales de La Plata una denuncia en la que acusa de “lavado de activos y distintos delitos contra la administración pública” al ex gobernador y a otros ex funcionarios durante sus dos administraciones, como el entonces jefe de Gabinete Alberto Pérez y el ex presidente de Aguas Bonaerenses (ABSA) Guillermo Scarcella.
La denuncia, que es investigada por el fiscal Álvaro Garganta, fue ampliada el domingo último en un informe del programa La Cornisa TV del canal América en el cual, bajo el título “La ruta del dinero S”, revelaron el retiro de alrededor de 20 mil millones de pesos en efectivo por parte de la Jefatura de Gabinete bonaerense durante esos dos años.
“Frente a la denuncia pública realizada en el día de ayer -domingo- a través de un informe periodístico, me veo en la obligación ética y política de afirmar la absoluta falsedad de las imputaciones que se han realizado en mi contra y de funcionarios de gobierno”, enfatizó ayer Scioli.
A través de un comunicado, el ex gobernador aseguró que “nunca” durante sus mandatos “desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires se han hecho extracciones irregulares en efectivo por 20 mil millones de pesos ni de ningún otro monto”, y dijo ser “el principal interesado en que estos hechos se aclaren a la brevedad”.
“La realidad de los hechos es que conforme a la ley y a las normas administrativas y bancarias vigentes, se hicieron transferencias electrónicas desde la cuenta única de la Tesorería de la Provincia a las cuentas de los diferentes organismos para pago de sueldos y horas extras a los trabajadores del Estado provincial, así como toda otra obligación que hiciera al funcionamiento del Estado y de sus empresas”, explicó.
Carrió precisó en su denuncia que la “estructura ilícita de vaciamiento se realizó a través de diferentes reparticiones”.
Una de ellas -indicó- habría sido “la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, sobre la que habría que investigar la posible adulteración de los sistemas online de las máquinas de los bingos” que podrían haber sido manipulados “para registrar porcentajes menores a los juegos realizados” y “también subsidios que se habrían otorgado a cooperativas fantasmas por lotería y que correspondían a los fondos de premios remanentes no cobrados, como maniobra para quedarse con esos fondos”.
La diputada también mencionó “la administración de ABSA”, el caso de “la expropiación cooperativa Wasserman”, casos de “corrupción e irregularidades en la construcción del Puerto de La Plata y en la posible contratación fraudulenta de personal en él que nunca trabajó”, y por último, “estafas, sobre precios y posibles falsas prestaciones en la obra social IOMA”.
Sin embargo, las partidas que investiga la UFI 11 fueron detalladas por el programa televisivo, donde señalaron que entre esos años se extrajeron del Bapro 14.600 millones de pesos y de cuentas como Provincia Leasing, Provincia Seguros y otras, 5.805 millones de pesos.
En ese marco, el ex jefe de Gabinete Alberto Pérez aseguró ayer no tiene “ningún tipo de sustento” la denuncia y que “no existe la extracción de efectivo de esa suma”.
En declaraciones a radio Continental, Pérez explicó que los movimientos de dinero “fueron electrónicos” y estaban destinados al pago de salarios y horas extra.
