ULTIMO MOMENTO:
EN MEDIO DE INCIDENTES
Las mayores penas fueron para Rubén Villalba, condenado a 30 años de cárcel por homicidio doloso, mientras que Luis Olmedo fue recibió 20 años y Néstor Castro y Arnaldo Quintana 18 años, todos ellos como coautores de homicidio.
Las tres mujeres acusadas recibieron seis años de cárcel por ser consideradas cómplices de homicidio -aunque podrán mantener la prisión domiliciaria-, por ponerse en la primera línea para “aparentar” tranquilidad.
Los otros cuatro acusados fueron sentenciados a cuatro años de prisión por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
La lectura de la sentencia se vio interrumpida varias veces por las protestas de los abogados defensores y algunos de los asistentes a la sala, en el Palacio de Justicia, en Asunción, que reclamaron la libertad de los acusados, mientras afuera cientos de personas de organizaciones sociales y gremiales y defensoras de los derechos humanos se concentró en respaldo de los campesinos.
Entre otros argumentos, los defensores de los campesinos sostienen que es absurdo que ningún policía haya sido imputado y que no se tuvieran en cuenta las numerosas pruebas que presentaron a favor de sus defendidos.
La llamada masacre de Curuguaty ocurrió en la mañana del 15 de junio de 2012 en un predio rural que está en litigio entre privados y el Estado, cuando policías llegaron con la orden de desalojar a campesinos que ocupaban el establecimiento.
En un confuso choque armado murieron 11 campesinos y seis policías, incidente que derivó en un juicio político en tiempo récord al entonces presidente constitucional Fernando Lugo, finalmente destituido por el Congreso, dominado por la oposición. Ese golpe institucional llevó a la suspensión de Paraguay del Mercosur y de la Unasur.
“Es un caso muy complejo y ante el volumen de las pruebas y que han sido discutidos y examinados legamos a la conclusión solamente leeremos la parte conclusiva”, avisó al inicio de la jornada el titular del Tribunal, Ramón Trinidad Zelaya, que explico que los fundamentos de la causa se leerán el lunes próximo.
De inmediato estallaron en el recinto los gritos de “injusticia” y “libertad, libertad, a los presos por luchar”, mientras el magistrado trataba de poner orden en la sala. Frustrados sus intentos y custodiado por varios policías, el tribunal dispuso un cuarto intermedio y ordenó desalojar la sala, con la amenaza de dar por leído el informe final.
