ULTIMO MOMENTO:
POR LA CAUSA “AMENAZAS” A POLICIAS DE ALTO COMEDERO
La Fiscalía de la Cámara de Apelaciones y Control solicitó a dicho cuerpo un pronto despacho respecto al recurso interpuesto por apoderados de Milagro Sala que se opusieron a la elevación de la causa por “Amenazas” a policías de la Comisaría Seccional 56, a juicio oral y público como confirmó en su momento el Juzgado de Control ante el requerimiento de la Fiscalía Penal Nº 2.
Ayer se tomó conocimiento de que el Fiscal de la Cámara de Apelaciones y Control Dr. Miguel Angel Lemir, habría presentado una nota ante dicho cuerpo integrado por los jueces Néstor Hugo Paoloni, Gloria María Mercedes Portal de Albisetti y María Teresa Mosca Reghin, solicitando se expida con pronto despacho respecto al recurso ingresado por la defensa de Sala oponiéndose a la elevación a juicio oral y público que resolviera el Juzgado de Control.
Si bien no se pudo confirmar oficialmente, la Fiscalía habría emitido dictamen ratificando resoluciones de la Fiscalía Penal Nº 2 a cargo del Dr. Gustavo Alfonso Araya (por habilitación) efectuada a mediados de marzo del presente año y del Juzgado de Control Nº 2 del Dr. Jorge Zurueta, emitida el 8 de abril siguiente, al considerar que se agotó la etapa penal instructoria en la cual se hallaron pruebas contundentes para que la causa sea elevada a juicio oral y público ante el Tribunal en lo Criminal Nº 2.
El pedido de pronto despacho guardaría relación con la posibilidad de que ante sucesivos recursos dilatorios por parte de los patrocinantes de Sala, ésta pueda ser sobreseída por la prescripción del delito que se acusa.
Ello es porque se toma como referencia lo sucedido con otra causa por amenazas que se tramita en la órbita federal, también contra la líder de la Tupac Amaru, en donde el Tribunal Oral Federal falló dictando la prescripción de dicho delito que se le imputa.
Si bien los abogados del actual gobernador Gerardo Morales y de la Fiscalía Federal apelaron ante Comodoro Py, lo resuelto por el TOF es motivo de preocupación, atento a que queda como antecedente los sucesivos recursos presentados desde octubre del año 2009 cuando ocurrieron los hechos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy.
Es que el delito de “amenazas” tiene una pena de dos años y para la defensa, la imputación se cayó habiendo transcurrido ya siete años de aquel incidente. Por ello es que en el caso tramitado en la Justicia Ordinaria o Provincial, la preocupación nace ante la posibilidad de que si no se realiza el juicio hasta el 13 de octubre (debido a eventuales instancias recursivas), también los abogados de la referente social soliciten la extinción del delito o de la causa.
En el medio estaría para la querella, es decir los patrocinantes de los oficiales policiales de la Comisaría Seccional 56 de Alto Comedero que fueron víctimas de las amenazas, el resguardo de que dichas intimidaciones partieron de una funcionaria pública, es decir una legisladora provincial, y para estos casos, el Código Procesal Penal establece que los delitos en el que incurrieren éstos no prescriben pasados al menos cinco años desde que abandonan el cargo.
