Sábado 07 de Diciembre del 2019



Tope de incremento a tarifas de gas tendrá costo fiscal de $5.600 millones

El Estado deberá afrontar en lo que resta del año un costo fiscal de 5.600 millones de pesos por la implementación del tope de 400 por ciento en la suba de las tarifas de gas de 8,5 millones de hogares residenciales, y de un 500 por ciento para las pymes, comercios y hoteles.

01/07/2016


El Estado deberá afrontar en lo que resta del año un costo fiscal de 5.600 millones de pesos por la implementación del tope de 400 por ciento en la suba de las tarifas de gas de 8,5 millones de hogares residenciales, y de un 500 por ciento para las pymes, comercios y hoteles.

Así lo aseguraron fuentes del Ministerio de Energía al plantear los cambios dispuestos en la Resolución 99/2016 del 7 de junio.
Los topes, que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre próximo, modifican el esquema original que entró en vigencia el 1 de abril pasado y parten de un nuevo cálculo a partir de los cargos vigentes hasta el 31 de marzo.
La Resolución 28/2016 del 28 de marzo había establecido los nuevos precios del gas que busca recomponer retrasos significativos acumulados los últimos años con el objetivo de incentivar las inversiones necesarias para incrementar las reservas de gas y los niveles de producción local.
Los incrementos tarifarios que comenzaron a recibir usuarios particulares y comerciales en todo el país con casos que reflejaron incrementos de hasta el 1.200 por ciento, en particular las provincias patagónicas, lo que llevó a los gobernadores a plantear al Gobierno nacional la necesidad de adoptar medidas que atenúen el impacto del aumento.
A partir de esa negociación, la fijación de los topes de incrementos del 400 por ciento para los usuarios y del 500 por ciento para los comerciales generó una diferencia que deberá afrontar el Estado y que representará un costo fiscal de 5.600 millones de pesos.La cartera energética también dispuso una tarifa asocial para los usuarios de gas, los que ya alcanzan 1,5 millones de beneficiarios, la que consiste en el pago de los cargos correspondientes a los costos de transporte y de distribución, mientras que en el monto que surge del consumo es bonificado, por el momento.
“Con la resolución vigente desde el 1 de abril hasta el 7 de junio, el sistema estaba equilibrado entre lo que se iba a cobrar por facturación y los costos de la cadena que conforman los productores, las transportadoras y las distribuidoras. Es decir el costo para el Estado hasta el tope de incremento era de cero peso” graficaron las fuentes.
El nuevo esquema se mantendrá hasta que culmine la revisión tarifaria integral que se estima en el primer semestre del año próximo, lo que llevará a revaluar los costos de cada eslabón de la cadena.
El esquema vigente recompone el subsidio del estado para mitigar el impacto de la aplicación de los cuadros tarifarios, lo que no afecta las tarifas a percibir por las prestatarias de servicios de distribución, netas del costo de adquisición de gas que distribuyen, ni las tarifas de las prestatarias del servicio de transporte.En la actualidad, el cálculo técnico del Ministerio de Energía estima que el costo promedio del gas que se consumo en el país es de 5 dólares por millón de BTU, una ponderación que contempla el gas de producción local, el gas que se importa desde Bolivia, y el gas natural licuado (GNL) que se importa por los puertos de Bahía Blanca y Zárate, y recientemente desde Chile.El ingreso de GNL a través de los puertos regasificadores chilenos viene a cubrir la caída de oferta que registró en las últimas semanas Bolivia, situación que llevó al Comité de Emergencia convocado por el Enargas a disponer miércoles y jueves a la reducción de suministro a las estaciones de GNC y hasta el mínimo técnico al sector industrial.
En el país, el promedio de oferta disponible de gas por estos días es de unos 130 millones de metros cúbicos diarios, de los cuales 100 millones son producción local, 15 millones provienen de Bolivia y otros 15 de barcos las plantas regasificadoras de GLP.
A partir de ese esquema de oferta, la demanda que sufre variaciones estacionales se compone a grandes rasgos en un 25 por ciento del consumo por parte de las grandes usinas energéticas -las que en caso de corte de fluido pueden recurrir al fueloil-, entre un 25 y un 30 por ciento del sector industrial -que pueden sufrir la restricción a cero o al mínimo técnico-, un 8 por ciento las estaciones de GNC y el resto al usuario residencial que es el único ininterrumpible.
En el caso del sector residencial, en épocas de muy bajas temperaturas se registraron picos históricos de consumo que llevaron la demanda al 90 por ciento de la oferta disponible.




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