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El magistrado adjudicó a ambos ex funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública”.
Además, les impuso embargos del orden de los 500 millones de pesos, se informó ayer en Tribunales.
El juez consideró que De Vido obstaculizó la renegociación de las concesiones y, de esa manera, contribuyó a una situación irregular que derivó en un perjuicio para los usuarios, que soportaron un sistema ferroviario en malas condiciones de infraestructura y seguridad.
La falta de concreción de la renegociación de los contratos de las explotaciones ferroviarias de 2003 a 2009 y la ausencia de integración de los equipos de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) perpetuaron la política de subsidios a las concesionarias que estaban operando los servicios de manera defectuosa, sostiene el fallo.
La investigación, promovida hace casi cuatro años por Edgardo Carranza, secretario de la Asociación Civil de Defensa del Pasajero y del Usuario de Transportes (ADEPAUT), estableció que “luego de seis años de encomendada la renegociación a la Unidad que presidía, por parte del Poder Ejecutivo, el ex Ministro del área tenía conocimiento de que la renegociación de los contratos en cuestión no se había iniciado”.
Ello “refleja la voluntad perpetuada en el tiempo de impedir el inicio y avance del proceso en tal sentido, y de continuar dictando resoluciones sobre distintos aspectos de naturaleza económica para las concesionarias, a efectos de ser aplicados de manera provisoria y a cuenta de una renegociación que nunca se había iniciado hasta esas fechas”.
También advirtió sobre “las repercusiones perjudiciales para la administración pública que podrían haber tenido las redeterminaciones, provisorias y a cuenta, de los distintos rubros de la cuenta de explotación de las concesionarias, que nunca habrían sido analizadas en el proceso de renegociación y que habrían sido afrontadas con subsidios del Estado, aunado a las demás irregularidades señaladas por la Auditoría General de la Nación en los informes referenciados que emitió al respecto”.
El juez tomó en cuenta “las implicancias que podría haber tenido la obstaculización del proceso de renegociación de los contratos del servicio público ferroviario de transporte de pasajeros, sobre las cuestiones que debían tratarse en el marco de dicho proceso, sobre todo en lo que respecta a subsidios, obras, inversiones, penalidades, reclamos de concedente y concesionario, rentabilidad de las empresas, la ecuación económico financiera, estructura de costos de explotación, metodología de ajuste”.
Ramos dictó los procesamientos sin prisión preventiva, aunque en el caso de Jaime se encargó de destacar que está detenido en relación con otros expedientes que mantiene abiertos y con las tres condenas que pesan en su contra.
Por su parte, De Vido está procesado también por la causa de la tragedia de Once e imputado por la compra de trenes en desuso a España y Portugal y el presunto pago de sobreprecios en obra pública.
