El sinceramiento fiscal “debe tener controles”

PARA LOGRAR EL ÉXITO DEL BLANQUEO DE CAPITALES

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El sinceramiento fiscal “debe tener controles”

“A nivel normativo la Argentina  tiene herramientas bastante similares  con las denominadas buenas prácticas internacionales en prevención de  lavado de activos” pero “el regulador  todavía no es exigente en el cumplimiento, y eso se convierte en la gran  falencia del sistema”, advierte el  analista, socio de la consultora estadounidense Kroll.

Sobre la suerte del blanqueo que  encara el Gobierno, el especialista  entendió que el proyecto “es necesario y está en concordancia con lo sugerido por los organismos internacionales” que anticipan para 2017 un  esquema de mayor complejidad para  el lavado de activos mediante un esquema de reciprocidad de información entre más de 100 países.

“La exteriorización si bien tiene un  costo, la gente evalúa el riesgo de someterse a futuro a una investigación  administrativa o judicial”, y en ese  sentido consideró que un blanqueo  de u$s 20.000 millones -tal como estimó el gobierno oportunamente- es  muy posible de cumplir, y multiplicaría al menos por cuatro a los casi  u$s 5.000 millones del proceso anterior durante el gobierno de Cristina  Fernández de Kirchner.

Amirante, admitió que “el riesgo  inherente a todo blanqueo es que entre dinero de otras actividades ilícitas”, pero recordó que “el proyecto  sólo propone condonar aquellos impuestos que no se pagaron oportunamente”. El proceso de sinceramiento  impositivo abierto en la Argentina  “sólo perdona evasión impositiva, no  otros delitos que no quedan exentos  de investigación” por reñirse con las  normas de lavado de activos provenientes de otros ilícitos.

Reducir esa brecha entre la normativa y el efectivo control de su cumplimiento es, para Amirante, lo que  marcará el éxito del blanqueo de capitales que se encuentra a estudio de  la Cámara de Diputados al afirmar  que “de no consolidarse las normas y  el control en lugar de ser un paso  adelante en la prevención de lavado  de activos lo será solamente en materia de recaudación”.

“En el pasado los sujetos obligados  (bancos, casas de cambio, sociedades de bolsa, etc) veían que las sanciones que la Unidad de Información  Financiera (UIF) y demás organismos de control estaban más vinculadas a temas políticos que de  apartamientos de la normativa”, opinó el especialista.

Pero Amirante reconoce que “adecuarse a la normativa de prevención  de lavado de activos le implicará a  las empresas y sociedades tener que  sacar a muchos clientes de sus carteras, por lo que no sólo deberán enfrentar el costo de implementarlo sino de resignar parte de sus ganancias  que se verán mermadas por la disminución de sus carteras”.

Siguiendo la referencia al caso argentino, el directivo de Kroll planteó  que “en el país, si bien se mantiene  lejos del ideal, cada vez se invierte  más en fortalecer los controles, sobre  todo porque empiezan a verse los  efectos de las sanciones locales e internacionales que hacen preferible  no exponerse a un nivel de riesgo cuyo costo sería demasiado elevado”.

El analista, en ese sentido, atribuye  buena parte de la complejidad local a  que “los argentinos culturalmente están formados con el concepto de que  siempre hay que tener un dinero en  negro, lo que se refuerza por una  economía marcada por una informalidad muy grande”


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