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El senador Jaime Orpis, de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), se convirtió en el primer político encarcelado por corrupción en Chile desde el retorno de la democracia en 1990, después de que la justicia ordenara su prisión preventiva por delitos de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios.
La inédita decisión de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones modificó las medidas cautelares que pesaban sobre el desaforado senador en ejercicio, que ya estaba en prisión domiciliaria.
La decisión de la corte fue tomada en forma unánime, luego de que la fiscalía presentara nuevas pruebas en contra del senador, declarándolo como “un peligro para la seguridad de la sociedad” y revocando así el arresto domiciliario mientras dure la investigación en el caso Corpesca, vinculada al financiamiento irregular de campañas políticas.
La Fiscalía acusó a Orpis de recibir unos 337.000 dólares de la pesquera Corpesca entre 2009 y 2013, infringiendo los deberes propios de su cargo para beneficiar a la empresa. Dicho monto habría sido dividido en pagos mensuales.
Además, aseguró que el senador facilitó 77 boletas ideológicamente falsas a Corpesca, que permitieron a la empresa rebajar impuestos, y que defraudó al fisco por un monto cercano a 221.000 dólares, los que ya restituyó al Congreso.
Hasta su desafuero, en abril de 2016, Orpis se desempeñaba desde 2002 como senador por la región de Tarapacá y anteriormente había sido diputado.
